Las prácticas fraudulentas en la cadena alimentaria

Lo exponía hace unos días: se trata de un problema de una gran trascendencia, cuantitativa y cualitativa, que afecta a toda la Unión Europea y de forma especial a España. Pero en realidad se ven afectados por estas prácticas fraudulentas muchísimos países del Mundo, por no decir casi todos, incluyendo a América del Norte y, por supuesto, a América Latina.

El denominado fraude alimentario comprende una serie de actos deliberadamente engañosos, relacionados con los alimentos, con su envasado, con su etiquetado, con el falseamiento de su origen etc. etc.

En general, este fraude persigue unos fines económicos aunque, en ocasiones, también políticos. El mismo comporta graves consecuencias económicas para las empresas e, incluso, en los casos más graves, puede suponer un riesgo cierto para la salud de los consumidores dando lugar, en este caso, a que las marcas, que han sufrido este fraude, tengan que enfrentarse a denuncias de consumidores afectados.

Es verdad que siempre ha habido problemas originados por las prácticas fraudulentas en la cadena alimentaria. Pero, en estos últimos meses, las mismas se han incrementado significativamente. Y sobre todo, se ha multiplicado el fraude en productos alimentarios caros, porque el beneficio que obtienen los mafiosos es, en este caso, mayor.

Las razones de esta realidad hay que buscarlas, en lo que atañe a España (aunque probablemente se pueda generalizar), en tres realidades; en el gran desarrollo que está teniendo el mercado on line; en el aumento de las exportaciones (en general, los países de destino no conocen en profundidad el producto que importan; unos ejemplos de ello pueden ser el aceite de oliva, los vinos o los quesos) y en la inflación, que está comportando una importante disminución del poder adquisitivo de la gran mayoría de los consumidores.

En España, hay actualmente más de 15 millones de personas que se encuentran realmente en riesgo de pobreza o de exclusión social y de ellas, unos 5 millones sufren pobreza severa con ingresos extraordinariamente bajos y muy serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Paralelamente, hablar en España de la inflación en el ámbito de la cadena alimentaria es hacerlo de un tema que no encuentra unanimidad en las distintas fuentes generadoras de datos (y no se olviden aquí los intereses políticos que hay detrás de esta cuestión).

No obstante, no me parece descabellado afirmar, siendo prudente, que, en los últimos 18 – 24 meses, la inflación alimentaria media en nuestro país se puede situar perfectamente en el entorno del 27 al 30 por 100; si bien, en productos de primera necesidad, esta inflación alimentaria puede haberse situado alrededor del 40 – 45 por 100 (hablo de harina, de azúcar, etc. etc.).

Estas realidades han dan lugar a un “adecuado caldo de cultivo” para que se haya generado, como exponía al principio de esta nota, un muy significativo incremento del “mercado paralelo en el sector alimentario”, fundamentado en la adulteración, en la falsificación y también en la introducción de productos de dudosa procedencia, de baja calidad y de cuestionable seguridad.

Según ha publicado SICPA (líder mundial en la detención de programas de identificación, autenticación y trazabilidad), en el seno de la Unión Europea, las prácticas fraudulentas en la cadena alimentaria pueden generar a la industria alimentaria un perjuicio superior a los 30.000 millones de euros anuales aunque, probablemente, esta cifra se quede corta en la realidad actual.

Y en este contexto, según la EIT Food, que es la iniciativa de innovación alimentaria, cuyo objetivo es lograr que el sistema alimentario sea más sostenible, más saludable y generador de confianza, España es el Estado de la Unión Europea dónde se registra más fraude en los productos de origen nacional.

No hace falta indicar que estos fraudes (cada vez más sofisticados y, por ello, más complicados de detectar) merman significativamente la confianza de los consumidores hacía la industria alimentaria (especialmente en los estratos sociales más sensibles, que suelen ser los más afectados por razones obvias) y, paralelamente, afectan muy negativamente la imagen del sector, dando motivos para las críticas destructivas.

Es verdad que en la unión Europea se están haciendo muchos esfuerzos para acotar estos fraudes y disminuir drásticamante su existencia. Un ejemplo de ello lo constituye la Evaluación de la Vulnerabilidad de los Puntos Críticos de Control (VACCP), o Evaluación de la Vulnerabilidad al Fraude Alimentario.

La VACCP tiene como objetivo ayudar a proteger a las empresas del riesgo de fraude alimentario que puede provocar, como ya se ha expuesto, graves incidentes de seguridad alimentaria, costosas retiradas de productos, el cierre de empresas y acciones legales.

Se trata de un método sistemático que identifica y controla de forma proactiva las vulnerabilidades de la producción alimentaria que pueden conducir al fraude alimentario.

Pero, la situación generada en la Unión Europea, requiere, sí o sí, dar un paso más si realmente se quieren reducir drásticamante las prácticas fraudulentas en la cadena alimentaria.

¡La pelota está en nuestro campo!