Argentina - Reclaman marco legal para semillas nativas y criollas

Fecha de publicación: 24/6/2013
Fuente: Juan Manuel Repetto, Prensa Facultad de Agronomía -UBA

La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA advirtió que estas variedades no están adecuadamente contempladas en la actual Ley ni en el debate sobre una nueva legislación, y son consideradas fundamentales para campesinos, pequeños agricultores y el desarrollo autónomo del país. 

La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) reclamó el inicio de un nuevo debate sobre la Ley de Semillas, que contemple a los materiales criollos y nativos y los proteja como patrimonio genético y cultural de  la Argentina, al considerar que el marco legal en discusión ignora el proceso de selección realizado por los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los pequeños agricultores.

"Consideramos que es necesario desarrollar alternativas que fomenten el rescate, la conservación, el uso, el mejoramiento, la multiplicación y el intercambio de semillas nativas y criollas en contextos locales y comunitarios, fundamentales para la vida de los agricultores familiares y campesinos", sostuvo Carlos Carballo, coordinador de la CaLiSA, y añadió que la legislación de otros países, como Brasil, podría constituir una buena referencia.

Carballo explicó que la Ley de Semillas (Nº 20247/73) está vigente desde 1973, con el objetivo de proteger las variedades vegetales, generar un marco para la comercialización y asegurar la calidad de las semillas. Y advirtió que si bien su posible modificación generó un debate inédito sobre un tema estructural para el agro y el desarrollo nacional, esa discusión giró en torno del uso propio (que permite al productor volver a sembrar sus granos cosechados en la campaña siguiente), y no tuvo en cuenta las diferencias entre las semillas criollas y nativas (en manos de los agricultores) respecto de las mejoradas (transgénicas, hibridas u otras variedades protegidas por derechos de obtentor).

"Consideramos importante poner en discusión a las semillas criollas y nativas como patrimonio genético y cultural, y su rol en la construcción de la soberanía alimentaria", sostuvo Pablo Aristide, integrante del equipo de la CaLiSa que analizó la legislación junto a docentes y colaboradores de la FAUBA como Ana Broccoli, Felipe Boucau, Francisco Pescio y Pablo Rush, referentes de otros organismos y organizaciones sociales. "Proponemos debatir acerca de las semillas que tenemos, queremos y necesitamos para un desarrollo nacional sustentable", agregó.

Por su parte, Carballo apuntó: "Queremos involucrarnos en el debate acerca del rol de las semillas desde lo económico, social, cultural y político, teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que comienza a suceder con el agua, la tierra y los desmontes, las problemáticas vinculadas con las semillas muchas veces no son visibles para el conjunto de la sociedad y son relegadas a unos pocos especialistas".

El coordinador de la Cátedra Libre también consideró que existen otras iniciativas desarrolladas en la FUBA, en Ferias de Intercambio de Semillas y en distintas redes y organizaciones sociales que deberían estar integradas y sostenidas por políticas públicas de largo plazo, debido a la importancia estratégica de estas variedades.

"El proceso de selección realizado en las comunidades donde se siembran les permitió aumentar la tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades, con una mejor respuesta a eventos climáticos y diferentes suelos. Garantizan rendimientos adecuados y estables, con una mínima o nula incorporación de fertilizantes y plaguicidas, porque son sistemas de producción diversificados", afirmó.

En las últimas décadas, el proceso de agriculturización que se registró en la Argentina, y que derivó en el crecimiento exponencial de la soja, también implicó una gran pérdida de biodiversidad, que incluye a las semillas nativas y criollas: "Fueron reemplazadas por variedades homogéneas, como las comerciales, que se implantan a gran escala. Ello también supone una pérdida de autonomía de los agricultores (cuya capacidad de negociación con los demás integrantes de la cadena agroalimentaria es cada vez menor) y del país, cada vez más dependiente de insumos externos críticos para la producción de alimentos ", concluyó.

 
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