Un reciente informe de gran calado, producto de la colaboración entre investigadores del INTA y CONICET, ofrece la radiografía más detallada de la crisis ambiental en el corazón de Córdoba, Argentina. El trabajo, titulado
Ordenamiento territorial de bosques nativos y agroecosistemas: restricciones ambientales al cambio en el uso del suelo en Traslasierra (ISBN 978-987-46815-6-0 ), y editado por Laura Cavallero y Dardo R. López, aborda de forma integral el desafío de aplicar la Ley Nacional 26.331 (Ley de Bosques) en los departamentos de Pocho, San Alberto y San Javier. El objetivo es pasar de la ley a la acción, proponiendo un Ordenamiento Ambiental (OA) que, basado en criterios de sustentabilidad, imponga límites claros a la expansión agropecuaria y urbanística.

La Cruda Realidad de los Remanentes del Chaco
El estudio confirma la severidad de la degradación del monte nativo, que en la provincia de Córdoba ya representa solo el 3.6% de su superficie original. En la región de Traslasierra, que alberga los últimos relictos, los autores revelan que la inmensa mayoría de los bosques se encuentra en algún nivel de deterioro.
Los datos son contundentes y exigen atención inmediata por parte de Productores y Gobiernos:
Pocho: El 89% de su superficie boscosa presenta distintos niveles de degradación, dejando solo un 11% como bosque maduro.
San Alberto y San Javier: La situación es similar, con un 82% y 87% de la superficie boscosa respectivamente, considerada degradada.
Esta pérdida no es casual. El informe señala que el problema se debe a décadas de sobreuso ganadero-forestal, en interacción con sequías e incendios. Un factor clave es la expansión de la frontera agrícola impulsada desde los 90, facilitada por el riego con aguas profundas o superficiales, y el desmonte para la implantación de pasturas megatérmicas.
APLICACIÓN PRÁCTICA: ¿Dónde se Puede y Dónde No Tocar el Suelo?
Para los Productores, el valor del estudio radica en la zonificación, que busca diferenciar áreas para la conservación de ecosistemas de aquellas aptas para el manejo sustentable de agroecosistemas. El estudio identifica con precisión las presiones por departamento:
Departamento Pocho: El bosque está altamente fragmentado en la Pampa de Pocho, debido en gran medida a la actividad agrícola.
Departamento San Alberto: La fragmentación está ligada a dos factores principales: la compleja topografía rocosa en el este, que restringe los bosques a quebradas, y la proliferación de asentamientos urbanos en el centro, como Mina Clavero.
Departamento San Javier: La urbanización en el noreste (Villa Dolores) y las actividades agropecuarias en el oeste son las principales causas de la fragmentación forestal.
Este diagnóstico ambiental (OA) es una herramienta de gobernanza para que los municipios y comunas promuevan un desarrollo local que armonice la economía con el cuidado ambiental. Al delimitar las restricciones biofísicas, orienta la inversión y la planificación de infraestructura (agua, transporte) hacia la sustentabilidad.
PUNTO DE DEBATE: El Enfoque Académico y la "Deuda Social"
Para los Académicos y Referentes, el informe del INTA y CONICET ofrece una metodología rigurosa para la discusión sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El marco conceptual adoptado por los autores es el de un socio-ecosistema complejo, que supera las visiones dicotómicas tradicionales al integrar el subsistema biofísico (servicios ecosistémicos), el económico-productivo (políticas públicas) y el socio-político-cultural (funcionamiento institucional y organización social). Al diferenciar el Ordenamiento Ambiental (OA) del Ordenamiento Territorial (OT), los autores centran el debate en la necesidad de evitar conceptualizaciones puramente economicistas, que ignoran los costos sociales y los riesgos ambientales del desarrollo.
No obstante, el hallazgo más provocador y crítico es el reconocimiento de una etapa incompleta. Los autores aclaran que, si bien se realizó el detallado diagnóstico ambiental y la zonificación, la fase clave de participación social —que permite incluir la valoración y percepción de los diferentes actores sociales— no pudo llevarse a cabo debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 (ASPO). Por lo tanto, el trabajo representa la "parte de Ordenamiento Ambiental del Territorio" y solo en una instancia posterior se incorporarán los aspectos socio-culturales que requiere el OT.
Este enfoque multicriterio, al ser estandarizado y reproducible, se postula como una herramienta valiosa para subsanar las "anomalías" históricas en los procesos de OTBN de otras provincias argentinas, caracterizados por una disímil interpretación de la Ley 26.331 y procesos participativos pobres o inexistentes.
¿Puede un Ordenamiento Ambiental riguroso, que aún no ha incorporado la participación social, ser una herramienta legítima para restringir el cambio de uso del suelo y generar gobernabilidad en el corto plazo?