Neutralidad del carbono: Hacia la construcción de agronegocios sustentables

I. Introducción

Existe a nivel mundial una clara necesidad de abordar la crisis climática que vive nuestro planeta a causa de factores antrópicos. Así, los Estados, organizaciones no gubernamentales, comunidades y distintas empresas se encuentran en carrera hacia los próximos años para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se encuentran en la atmosfera, tendiente a un balance de carbono neutro.

Sabido es que el cambio climático, a causa del calentamiento global, no deja de provocar efectos negativos en la seguridad alimentaria, la salud, el medioambiente y el desarrollo sostenible. El deshielo de los casquetes polares, la subida del nivel del mar, las olas de calor y los consecuentes fenómenos meteorológicos extremos ya están a la vista.

Acredita lo antedicho, el informe publicado recientemente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, sobre el probable incremento de 1.5°C (Grados Celsius) en la temperatura mundial hacia el año 2026.[2]

Ahora bien, la agricultura es una actividad humana de suma trascendencia en la economía argentina, producto de las condiciones propias de nuestro ambiente, sumado a la capacidad, el trabajo y el conocimiento que le han aportado los agricultores argentinos junto a las instituciones públicas y privadas.

A diferencia de otros sectores de la economía, las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura tienen la posibilidad de ser neutralizadas por los propios procesos productivos, en la mayoría de los cuales está implicada la fotosíntesis como proceso biológico que secuestra carbono, con chances de fijarlo, dependiendo del destino del producido.

Entonces, esto permite a la agricultura posicionarse como una parte importante de la solución al cambio climático por medio de prácticas agronómicas sustentables que tiendan a reducir la huella del carbono para lograr su neutralidad e incluso lograr un balance positivo.

Claramente se gestarán nuevas oportunidades para el desarrollo de los agronegocios y el surgimiento de mercados de carbono que contribuyan al financiamiento, competitividad y rentabilidad de los actores de ese sector.

Mediante el presente artículo, desarrollarlo en el marco del curso de posgrado titulado “Régimen Jurídico de los Agronegocios” dictado por la Universidad Austral Argentina, se exponen algunas experiencias realizadas sobre iniciativas voluntarias de carbono en el agro, que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de las acciones e instrumentos que permitan generar custodia operativa y jurídica a las relaciones generadas o a generarse entre los distintos actores del sector. Una de ellas toma como punto de partida el impacto de la huella de carbono de una hectárea en particular, y la restante sobre el impacto que genera la cadena agroalimentaria del trigo argentino.

No obstante, ello, para llegar al cero neto se deberá lograr una transición ordenada que implicará superar distintas barreras en el camino a recorrer. Veamos.

II. Conceptualización

Nuestro planeta enfrenta una crisis climática. Más arriba se habló sobre el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.”[3]

Este cambio se debe a una mayor concentración en la atmosfera de gases de efecto invernadero (desde ahora en adelante GEI).

Se conoce como efecto invernadero (greenhouse effect) al proceso natural por el cual los gases que están presentes en la atmósfera “atrapan” la radiación que la Tierra emite al espacio. Esta emisión de la Tierra es producto del calentamiento de su superficie por la incidencia de la radiación solar. Este efecto logra que la temperatura media de la Tierra sea de alrededor de 33°C (Celsius) más que si este proceso no ocurriera,[4] es decir, sin la atmósfera que naturalmente contiene los gases que generan este efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra estaría muy por debajo del punto de congelación del agua.

En la atmósfera se encuentran los diferentes gases disueltos que conforman el aire. Además, en las distintas capas esos gases varían, como también las temperaturas en cada una de ellas. Muchos de esos gases se llaman gases invernadero (desde ahora GEI), responsables de este efecto, principalmente el agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2). También existen en menor medida Metano (CH4), Óxido de Nitrógeno (NO2) y Clorofluorocarbono (CFC).

Para ser más gráficos, los rayos que el sol emite naturalmente (radiación solar) son absorbidos por la superficie y por la atmósfera de nuestro planeta. Una fracción de los mismos es devuelta hacia esta última en forma de energía infrarroja siendo retenida momentáneamente por el vapor de agua (que no se considera GEI debido a que su concentración no varía por la actividad antrópica), y los gases enunciados más arriba.

Ahora bien, las actividades antrópicas han generado un exceso de GEI en la atmósfera y con ello vienen provocando el aumento de las temperaturas en nuestro planeta.[5]

A nivel global el sector económico que más emisiones aporta es el de la Energía (destinada principalmente a industria, transporte y construcción) con un 73,2% de las emisiones totales, le siguen muy por detrás con un 18,4% la Agricultura, Forestación y Uso del Suelo en conjunto, con la ventaja de que es el único sector de la economía capaz de neutralizar sus propias emisiones. Finalmente, los niveles de emisiones propios de la industria, especialmente la química y del cemento, se sitúan en el 5,2% y las emisiones por los residuos en el 3,2% (Ver siguiente gráfico).

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Los agronegocios, involucran a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que producen de manera natural o causada ese 18,4% de las emisiones globales de gases hacia la atmósfera. De estos gases, el dióxido de carbono se emite por la quema de combustibles fósiles y cambios en el uso del suelo; el Metano por la quema de combustibles fósiles, agricultura, ganadería y el manejo de residuos y; el Óxido Nitroso por la quema de combustibles fósiles, agricultura, ganadería y cambios en el uso de la tierra.[6]

Según la definición clásica de agronegocios de Davis y Goldberg de 1957, estos son "la suma del total de operaciones involucradas en la manufactura y en la distribución de la producción agrícola; operaciones de la producción en el campo, en el almacenaje, el procesamiento, y distribución de los commodities agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos”[7] Entonces, estos involucran a empresarios, trabajadores, proveedores, los Estados, las ONGs[8] e incluso a los consumidores.

Por otro lado, se estima que la Argentina produce menos de un 1% de las emisiones de GEI a nivel global[9]. Puertas adentro, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra son responsables del 37% de las emisiones de GEI en la Argentina: se atribuye el 21.6% a la ganadería, el 6.2% a la agricultura y el 9.4% al cambio de uso del suelo y la silvicultura.[10]

Así como la agricultura produce los porcentajes mencionados anteriormente, también puede contribuir a reducirlos y así aportar al cuidado del medio ambiente por medio de prácticas agronómicas sustentables que tiendan a la neutralidad de carbono, es decir, alcanzar un resultado neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); que los gases emitidos a la atmósfera equiparen la misma cantidad de gases que se secuestran (ej.: sumideros de carbono).

III. Antecedentes normativos nacionales

Es preciso repasar los instrumentos normativos que brindan custodia jurídica a las acciones empleadas y por desarrollarse en esta materia.

Primeramente, podemos decir que, Argentina es uno de los países firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Nueva York, U.S.A, el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de junio de ese mismo año (Ley Nacional N° 24.295).

Allí se estableció como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a “un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.” Si bien no se especificó un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, se pretendió “…asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.”

Al poco tiempo, entró en vigencia la nueva Constitución Nacional Argentina de 1994 que, otorgó a todos los habitantes de nuestra nación el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”; derechos que vienen de la mano del deber de preservarlo (Art. 41).

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1997 fue impulsado el protocolo de Kioto, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, firmado por 192 países. Su finalidad fue poner en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los países que suscribieron, con mayor desarrollo industrial se comprometieron a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de conformidad con las metas individuales acordadas.

Hacia el año 2012 en Doha, Qatar, se ratificó el segundo período de vigencia del Protocolo de Kioto desde enero de 2013 hasta diciembre de 2020. La meta fue regresar a los niveles de emisión cercanos a los de inicios de 1990.

Años después, el 12 de diciembre de 2015 Argentina suscribió el Acuerdo de París junto a 195 países (COP21), entrando en vigor el 4 de noviembre de 2016 (Ley 27.270). Su objetivo es limitar el calentamiento mundial por debajo de 2°C (Celsius), preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles de temperaturas medias preindustriales.

El acuerdo funciona en un ciclo climático cada cinco años con medidas que pretenden ser cada vez más ambiciosas. Para ello, los países signatarios deben presentar las Contribuciones determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), donde comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. También deben comunicar las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas.

Vale destacar que, la Argentina fue el primer país en presentarlas hacia el año 2016. Asimismo, se comprometió hacia el año 2020 a un 26% más alta en la NDC para 2030, reafirmando el compromiso de ser carbono neutral hacia el 2050.

Recientemente se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, que arrojó como resultado el Pacto de Glasgow para el Clima. El acuerdo comprende el reconocimiento de la emergencia, la intensificación de la acción por el clima, el abandono de los combustibles fósiles, la financiación para la acción climática, el incremento del apoyo a la adaptación, la compleción de las normas de aplicación del Acuerdo de París y una atención a las pérdidas y daños.[11]

Estos acuerdos son jurídicamente vinculantes para sus miembros.

En el plano legislativo nacional, un instrumento normativo reciente es la ley N° 27.520 (Decreto Reglamentario N° 1030/2020) de presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Desde diciembre de 2019, rige en todo el territorio nacional.

Sus disposiciones son de orden público y prevé la elaboración y coordinación del "Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático" como un instrumento de política pública necesarios para el desarrollo y la ejecución de estrategias de mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional.

No obstante ello, no contamos con una ley que permita establecer reglas para promover, reducir y compensar la huella de carbono ni un marco legal para implementar un mercado reglado pese a que, en la última década, se presentaron en el congreso de la Nación 16 proyectos de ley vinculados a este tema; 10 de ellos ingresaron por la Cámara de Diputados y los restantes 6 por Senadores; 4 son proyectos reproducidos, por los que se reducen a 12, que dicho sea de paso han perdido su estado parlamentario.

A modo enunciativo, se los menciona[12]:

•3711-D-20213711-D-2021 sobre la Promoción de la medición, reducción y compensación de la huella de carbono.

•0410-S-2018 para fomentar medidas contra los gases de efecto invernadero e implementación de la huella de carbono.

•0624-S-2016 para fomento de medidas contra los gases de efecto invernadero e implementación de la huella de carbono.

•0004-S-2016 sobre Registro de la huella de carbono (reproducción del expediente 4172-s-14).

•4172-S-2014 sobre Registro de la huella de carbono.

•6631-D-2013 sobre Emisiones de gases de efecto invernadero del sector productivo agroindustrial del territorio de la República Argentina mediante el desarrollo, la aplicación y la difusión de formas de cálculo de la huella de carbono.

•0291-S-2013 sobre Creación del programa nacional para la construcción y difusión de la fórmula de cálculo de la huella de carbono (reproducción del expediente 0643-s-11).

•3877-D-2012 sobre el Fomento de medidas contra los gases de efecto invernadero e implementación de la huella de carbono.

•0643-S-2011 sobre la Creación del programa nacional para la construcción y difusión de la fórmula de cálculo de la huella de carbono.

En Senadores:

•410/18 PL-S: Proyecto de ley de fomento de medidas contra los gases de efecto invernadero e implementación de la huella de carbono;

•624/16PL-S: Proyecto de ley de fomento de medidas contra los gases de efecto invernadero e implementación de la huella de carbono;

•4/16PL-S: Reproduce el proyecto de ley creando el registro de la huella de carbono. (ref. s. 4172/14);

•4172/14 PL-S: Proyecto de ley creando el registro de la huella de carbono;

•291/13PL-S: Reproduce el proyecto de ley creando el programa nacional para la construcción y difusión de la huella de carbono. ref. s. 643/11;

•643/11PL-S: Proyecto de ley creando el programa nacional para la construcción y difusión de la huella de carbono.

IV. Compromisos nacionales

Pero el Estado Nacional, habiendo asumido el compromiso de formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, ha desarrollado acciones para avanzar en tal sentido. Una de ellas es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, citado en el presente. Esta es una herramienta que permite identificar aquellos sectores con mayor potencial de reducción de emisiones a través de la implementación de Medidas de Mitigación.

En este sentido se trazó un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el Plan Nacional de Mitigación, el Plan Nacional de Adaptación y los Planes de Acción Nacionales Sectoriales de Cambio Climático para ejecutar las medidas de mitigación y adaptación de la Contribución Nacional (NDC).[13]

También existen organismos públicos que coadyuvan a cumplir los compromisos, no solo desde esa órbita sino también junto al trabajo de los privados, como lo es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, quien entre otras actividades presta su colaboración para el desarrollo de tareas investigativas en este aspecto. Como se verá más adelante, en los dos ejemplos expuestos, esta prestigiosa institución ha tenido y tiene su participación.

V. Medición de la huella del carbono

Como se dijo, no solo las naciones se han comprometido a desarrollar metas que pretendan reducir las emisiones de GEI. Existen empresas que han suscripto la propuesta de la ONU denominada "Race to Zero’’.[14]

A título ejemplificativo podemos mencionar casos concretos de compañías que vienen desarrollando estas iniciativas como Bayer, Corteva, Indigo Ag., UPL Ltd, entre otras.

Seguidamente se describirá la experiencia desarrollada por Bayer en Argentina, como parte de una estrategia de lograr el cero neto hacia el 2050 y la experiencia de la Asociación Argentina del trigo sobre la cadena agroalimentaria de ese cultivo.

a) Experiencia sobre la hectárea, en particular.

Es inevitable tomar el camino del carbono neutro. La agricultura deberá avanzar en ese sentido si pretende ser competitiva y acceder a fuentes de financiamiento para desarrollar sus procesos productivos. Hacia esto avanza el mundo, no solo los Estados partes de la ONU sino también el sector privado donde varias empresas ya han asumido el compromiso "Race to Zero". [15]

Pero, ¿qué actitudes pueden tomar estas, ante este desafío?

La consultora McKinsey & Company entiende que existen tres alternativas. Adquirir una actitud de liderazgo, cuando la empresa asume el mando en lo relativo a la reducción del carbono, incluyendo un rol activo e inversiones para impulsar la descarbonización en la cadena de valor; asumir una actitud de compartir, es decir, compartir conocimientos y posicionarse para la colaboración, facilitando y coordinando la descarbonización en clientes, proveedores y toda la cadena de valor, y; asumir una actitud de seguir, cuando se espera que otros actores del sector tomen la iniciativa para implementar nuevas tecnologías.[16] Esta última es más bien una actitud pasiva. No obstante, ello, cada actor del sector asumirá una postura en vista de diferentes factores tales como, el tipo de actividad, su grado de desarrollo tecnológico, capacidad económica financiera, etc.

Una de las empresas que parece haberse posicionado como líder es Bayer, quien pretende, por medio de la agricultura encontrar soluciones al cambio climático creando nuevas oportunidades para los agricultores que se sumen al desafío. Por ello, hacia julio del 2021, anunció el lanzamiento de la primera fase de la iniciativa Carbono en la Argentina, programa que se viene desarrollando desde el año 2014 junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y distintos consultores.

Cabe destacar que, existen otras empresas que vienen desarrollando esta iniciativa en Norte América, entre ellas se encuentran Nutrien Ltd. (productora canadiense de fertilizantes); Cargill Inc.; Yara International (productor noruego de fertilizantes) y Corteva Inc. [17]

¿En qué consiste dicha iniciativa?

Bayer invita a adherir a un grupo de productores, distribuidos en distintas provincias de nuestro país, para llevar a cabo prácticas agronómicas sustentables en sus lotes, sean estos propios o arrendados.

Durante tres años, estos deben implementar una serie de prácticas/técnicas sustentables e incrementar métodos que coadyuven a optimizar el uso de los recursos naturales e insumos y mejorar la calidad del suelo, aumentando el secuestro de carbono. Las prácticas sustentables que se indican son la siembra directa, la rotación de cultivos, la utilización de cultivos de cobertura o cultivos de servicios ecosistémicos, la implementación de impulsores de productividad, y el uso óptimo de fertilizantes.

A ello, se debe adicionar un elemento propio de nuestros tiempos como lo es la digitalización. De este modo, con la utilización de plataformas digitales de la agricultura por parte del productor, se recopilarán, compararán y brindará transparencia de los datos obtenidos en el mapeo de los lotes adheridos y el análisis de dichos suelos, que vayan surgiendo en las distintas etapas del programa. Para el caso concreto Bayer y Microsoft se han enlazado en este proyecto. [18]

Se sabe que nuestro país es referente en la siembra directa, es decir, la que se realiza sin alteración del suelo, directamente sobre el rastrojo del cultivo anterior, evitando que el carbono secuestrado regrese a la atmósfera, además de promover la biodiversidad de suelo y del ambiente.

Por su parte, la rotación de cultivos consiste en alternar el cultivo de especies en el mismo predio de forma consecutiva. Esta alternancia permite que cada cultivo aporte un efecto residual positivo para el suelo, como, por ejemplo: las leguminosas permiten la captura de nitrógeno en suelo; las gramíneas producen mayores aportes de carbono al suelo y la rotación de estos diferentes sistemas radiculares impacta positivamente en la estructuración de los suelos y su fertilidad

A su vez, se recomienda la siembra de cultivos de cobertura o cultivos de servicios ecosistémicos como la vicia, el lupino, la crotolaria, el centeno y diferentes especies de crucíferas. Con ello se evita que el suelo quede descubierto durante el período entre cultivos de cosecha hecho que permite una mejor infiltración del agua de lluvia, además de fijar carbono, nitrógeno y promover la biodiversidad. Por impulsores de la productividad se entiende el conjunto de tecnologías y soluciones directamente vinculadas al aumento de la productividad a corto plazo mediante la optimización de la densidad de plantas por ambiente, la adopción de genética y biotecnología de vanguardia y el uso optimizado de productos de protección cultivos de alto rendimiento.

Con respecto al uso óptimo de fertilizantes, se parte del diagnóstico del área basado en las características físicas y químicas del suelo y en el historial de productividad del campo. Con base en este diagnóstico, se busca potenciar la fertilidad del campo elegido con prácticas como sistema de fertilización, aplicación de nitrógeno a tasas variables ajustadas a la condición del campo, reposición de fertilizantes extraídos por cultivos predecesores, aplicación de fertilizante orgánico, entre otros.

Precisamente se dieron los primeros pasos en 55 lotes distribuidos en 8 provincias, con 110 manejos diferentes donde se realizaron aproximadamente 11.000 muestras de suelo. Esta tarea también se viene desarrollando en Brasil donde se estudiaron los resultados de 400 productores en 15 Estados, con más de 80.000 muestras de suelo analizadas.[19]

Este tipo de propuestas de agronegocios podría entenderse desde la óptica de lo que la legislación civil y comercial denominan negocio en participación (Art. 1448 y ss. CCyCN[20]). Brevemente podemos decir que, ambas partes, sin llegar a conformar una nueva sociedad, se comprometen “a la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor” (Bayer) buscando un fin común, es decir, que la agricultura sea una parte importante en la solución al cambio climático global.

Sin irnos demasiado, y empleando una simple analogía, Bayer toma una fotografía del proceso productivo sobre un lote en particular para proyectar esta iniciativa; se posiciona sobre la hectárea para conocer con precisión el impacto de la huella de carbono y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la agricultura para llegar al cero neto. Esto es, medir, trazar y certificar las reducciones y/o captación de carbono en toneladas por hectáreas, todo ello, por medio de metodologías de base científica, basadas en evidencia.

Se traen al presente las palabras de Mark Carney, enviado especial de la ONU sobre Acción Climática y Finanzas, “lo que se mide se gestiona”.[21]

Esto permitirá ir construyendo un “ecosistema de carbono” como la empresa denomina. Estará integrado por productores y múltiples integrantes de la cadena, los cuales se verán beneficiados por las soluciones que generen las alianzas que se conformen con las industrias, bancos, gobierno, académicos, etc.

En este sentido, los productores adheridos que adopten estas prácticas climáticamente inteligentes deberían obtener resultados que les permitan generar créditos de carbono, los cuales posteriormente, Bayer buscará compensar, generando fuentes de ingresos adicionales para ellos, los productores. El contexto obedece a mercados voluntarios.

No obstante, ello, cabe detallar que durante esta primera etapa y las siguientes cada productor dispone de los frutos de su cosecha como lo venía haciendo hasta antes de ingresar al programa, sin embargo, a quienes participen en el futuro de la Iniciativa de Carbono tendrán la oportunidad de ser recompensados por sus mejores prácticas de gestión agrícola y otros esfuerzos de sustentabilidad.

Si esto avanza a donde se espera, posteriormente se extendería hacia otros socios de la cadena de valor, por lo que, para ello se deberán establecer bases de confianza que permitan la integración entre los eslabones de la misma. Esta iniciativa se posiciona sobre la hectárea en particular para luego expandirse vertical y horizontalmente.

Un dato interesante vinculado a factores ambientales y sociales es que la empresa condena el trabajo esclavo (explotación de personas o incumplimientos de legislación laboral de parte de la razón social participante del programa) y; el desmonte (que no haya habido desmonte de forma ilegal durante los últimos 10 años en el campo al cual pertenece el lote participante). Asimismo, respeta y promueve la conservación de Bosques Nativos (Cumplimiento de la Ley 26.331); las áreas protegidas (lote participante que no se encuentra dentro de un área protegida -Parques Nacionales-) y; las áreas urbanas y escuelas – (que el lote participante no se encuentre lindero a un área urbano o una escuela).

b) Experiencia sobre una cadena agroalimentaria.

Como se adelantó más arriba, este artículo se ha enfocado no solo en la medición de emisión de CO2 para lograr su neutralidad, sobre la hectárea, sino también en una cadena de valor en particular.

En esta ocasión se ha optado por la cadena del trigo en vista de los resultados publicados en marzo de 2021 por la Asociación Argentina de Trigo “ArgenTrigo”, en convenio con el INTA y el INTI, sobre el cálculo de la huella de carbono de cuatro productos de esa cadena en nuestro país: una tonelada de grano de trigo a campo, una tonelada de trigo en el puerto de exportación, un kg de harina, un kg de pasta seca de sémola. [22]

INTA viene desarrollando una plataforma denominada Huellas Ambientales donde se mide la huella de carbono en las cadenas de valor agroindustriales.

Los métodos utilizados se sustentan en las normas ISO 14.040 (referente al análisis del ciclo de vida) y la norma IRAM 14.067 (específica sobre la huella de carbono del producto) sumado a las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2019).

El informe concluyó que:

- La Huella de Carbono de la producción primaria del trigo de Argentina resultó en 146,5 kg CO2 eq/t[23] de trigo en la puerta del campo. Considerando esta misma huella según distintos niveles tecnológicos analizados, resulta en 145,5 kg CO2 eq/t en el nivel Alto de tecnología; 144,6 kg CO2 eq/t en el nivel Medio de tecnología y 169,1 kg CO2 eq/t de trigo en el nivel Bajo de tecnología.

- A la huella del trigo en tranquera de lote se le suman 38 kg CO2 eq/t por el transporte para llegar al puerto de exportación, lo que resulta en un total de 184,4 kg CO2 eq/t de trigo en el puerto.

- En la industria, los resultados indican una Huella de Carbono de 343 g CO2 eq/kg de harina en el cliente del molino harinero.

- La Huella de Carbono de 1 kg de pasta seca de sémola en el cliente del molino fideero resultó ser de 541 g CO2 eq/kg de pasta.

A su vez se destacó que, “la fertilización nitrogenada es el punto más importante sobre el cual se debe actuar para disminuir la huella de carbono a campo”, mediante la introducción de leguminosas en la rotación de cultivos, por ejemplo.

El consumo de gasoil en los procesos de producción agrícola es otro punto de suma importancia para la reducción de la huella de carbono. Se entiende que es clave la elección del sistema de laboreo, así como del tractor adecuado y su mantenimiento.

También se destacaron a largo plazo los cultivos perennes como una alternativa productiva potencial, ya que no sería necesario sembrar cada año, como así también los motores de bajo consumo y emisiones.

Las estrategias orientadas a disminuir la huella de carbono de la cadena del trigo podrían transformarse en un incentivo para que cada vez más productores sumen mayor nivel tecnológico a su producción viendo resultados en los precios de los alimentos ya que el mundo reclama en ascenso, alimentos saludables.

VI. Reflexiones finales

No será una tarea sencilla lograr el cero neto para el año 2050. Claro está que se comenzó a desarrollar una etapa de transición hacia tal objetivo, la cual impactará en factores socioeconómicos generando cambios para quienes pretendan llevarla adelante e incluso para los consumidores.

Son interesantes los nueve puntos que la consultora McKinsey considera para poder transitar esta etapa ordenadamente[24], es decir una innovación tecnológica; la capacidad para crear cadenas de suministro a escala e infraestructura de apoyo; la disponibilidad de los recursos naturales necesarios; la reasignación efectiva de capital y estructuras de financiamiento; una gestión de cambios en la demanda y aumentos de costos unitarios a corto plazo; el desarrollo de mecanismos de compensación para abordar los impactos socioeconómicos; las normas de gobierno, mecanismos de seguimiento y mercado e instituciones efectivas; el compromiso y colaboración entre líderes de los sectores público, privado y social a nivel mundial, y; el apoyo de ciudadanos y consumidores.

Estos puntos de la actividad económica en general abarcan a los agronegocios, los que requerirán de una acción colectiva y global con un espíritu de unidad de quienes aporten y vienen aportando sus esfuerzos, actuando desde el presente para evitar riesgos a futuro y ganarle al tiempo en esta carrera que ya ha comenzado y que tiene como meta, no solo el 2050, sino también un ambiente sano y saludable.

A su vez, cumplir con lo antedicho implicaría un cambio de prácticas comerciales y estilo de vida que han proporcionado muchos beneficios en el pasado, incluso hoy.

Aun así, como se expresó, el agro argentino está a la altura de las circunstancias para encarar este desafío ya que, los productores junto a las instituciones públicas y privadas le vienen aportando conocimiento, tecnología y sustentabilidad.

Este tipo de iniciativas, independientemente de la naturaleza del sector que provenga (particulares o del Estado), crearán nuevas oportunidades tales como el desarrollo de nuevos agronegocios y el surgimiento de mercados de carbono que permitirán el ingreso de divisas a nuestro país en el marco del impulso de acciones que contribuyan a reducir los efectos del cambio climático.

A su vez, la trazabilidad incipiente en las cadenas, permitirá coadyuvar a un mercado que tiene a la valoración de los consumidores de productos de bajo impacto ambiental como una necesidad primordial.

Argentina es una potencia agrícola que fomenta ecosistemas de producción sustentables con impacto ambiental más bajo que otras regiones como por ejemplo la europea. Por ello se necesita visibilizar esta oportunidad e incentivarla no solo puertas adentro, sino también hacia el exterior. De este modo podrá crecer, se potenciará y se proyectará hacia el futuro.

Será sumamente importante profundizar y ampliar el marco normativo para ser adecuado a las necesidades del sector en este desafío, para dotar de previsibilidad a las relaciones existentes entre los distintos actores del sector y aquellas que vendrán.

Este es un camino a explorar, pero como dice la canción, se hace camino al andar, y en ese andar se irán avizorando fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades. Todo está por hacerse, más allá de lo que se viene haciendo; desde las alianzas que se tejerán hasta la seguridad jurídica que se deberá garantizar.

^{Agradecimientos: Ing. Agr. Earle “Cocó” Gastaldi, Dra. Eugenia Bustamante, Lic. Fernanda Otero, Dr. Guillermo Marchesi, Ing. Agr. José Luís Tedesco, Lic. Mauro Giannone, Ing. Agr. Obdulio San Martín e Ing. Agr. Patricio Gunning.}

^{Articulo publicado en " Revista Jurídica de Agronegocios - Número 14 - Septiembre 2022. Fecha: 02-09-2022 Cita: IJ-MMMLDIX-594 y en engormix.com por gentileza del autor}