La posibilidad de que en Nicaragua se estén haciendo prácticas de dumping en el comercio de embutidos desde Costa Rica, así como la existencia de industrias artesanales evasoras de impuestos, baja calidad y sanidad, fue expuesta por representantes nacionales del sector alimenticio.
El dumping es una práctica desleal penada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya operación se podría estar dando mediante la introducción de embutidos de mayor movimiento comercial en Nicaragua a precios inferiores a los cotizados en el país de origen, Costa Rica, donde son producidos, indicaron.
Pese a que estas anomalías, al parecer, están a vista y paciencia, los empresarios señalaron que están buscando las pruebas necesarias para hacer la denuncia formal ante las autoridades competentes.
Zacarías Mondragón, gerente general de industrias Delmor S.A., afirmó que “aquí están entrando productos desde Costa Rica, sobrefacturados, a veces vienen con precios de importación de hasta 15 a 20 centavos menos por cada producto con respecto a los nuestros, es una responsabilidad que el Gobierno tiene de corregir”.
“Cuando ponemos nuestro producto en el mercado, encontramos productos importados de hasta un 25 por ciento más barato del que producimos localmente, por eso es que sentimos que no tenemos protección oficial”, recalcó.
Guillermo Gurdián, gerente general de Cainsa, dijo al respecto que han estado en reuniones con la Asociación de Porcicultores y Embutidores, “porque hay medios para detenerlo y evitar las competencias desleales, por eso estamos en la etapa de documentación para demostrar el dumping porque así no podemos trabajar, se perjudica la industria nacional y el empleo”.
Felipe McGregor, gerente de nuevos productos de Tip Top Industrial S.A., una de las empresas que sostiene relación transnacional con Sunvalley y Cargill Foods Company de Estados Unidos con presencia a nivel regional, decidió que su marca de embutidos Delicia fuese procesada en Costa Rica y exportada hacia Nicaragua, pero descartó que la empresa sea una de las que esté haciendo competencia desleal.
No obstante, aclaró que debido a esa relación internacional es que ellos, pese a ser importadores por medio de la empresa industrial Tip Top, se mantienen pendientes de cumplir con todos los requisitos legales en materia impositiva en el país.
Explicó que los costos de la compañía a nivel de volumen y materia prima son muy competitivos para el proceso de producción, razón por la cual el embutido es elaborado en Costa Rica y no en la planta de Nicaragua. “La idea es aprovechar las economías de escala”, agregó McGregor.
Una de las formas de detener la presunta anomalía es presentando una denuncia a las autoridades aduaneras, recomendó Carlos Baltodano, funcionario de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)
“Se debe hacer la denuncia para que la Aduana proceda a hacer las investigaciones correspondientes. Pero —añadió— también estamos facultados a través de la Ley de Autodespacho y el Código Aduanero Centroamericano durante cinco años para perseguir, verificar o comprobar las declaraciones de introducción del producto a menor precio del real, ya que las subvaluaciones son penadas por la Ley de Defraudación Aduanera.
Esta ley establece el cobro por la diferencia de impuestos no pagados y las multas en dos o tres veces del valor CIF de la mercadería.
Pero también los embutidores nacionales se enfrentan a otra dificultad y ésta es sanitaria, de cara a la exportación, aunque al parecer solamente se aplica desde Costa Rica.
Según Zacarías Mondragón, de Delmor, Costa Rica les ha puesto trabas sanitarias hace un mes aproximadamente cuando intentaron ingresar embutidos nicaragüenses a ese país, pese a que contaban con las certificaciones ISO 9000 y HCCP.
Sin embargo, Mario González, jefe de servicios de campo de la unidad de salud animal del Ministerio Agropecuario y Forestal (Mag-For), confirmó la existencia, ya controlada, de la peste porcina clásica en el país bajo un plan de erradicación.
No obstante, hay salvedades “algunos productos sometidos a procesos industriales térmicos pueden ser comercializados, siempre que se hagan las pruebas sanitarias necesarias”, detalló González.
Aunque no todos corren la misma suerte, Guillermo Gurdián, gerente de Cainsa, recalcó que su industria ha pasado un proceso de mejoras en maquinaria y en la obtención de certificados de calidad como el ISO 9000, lo que les ha permitido tener aprobaciones para las exportaciones hacia El Salvador, y desde ya están haciendo las gestiones para entrar a Honduras y Costa Rica.
Gurdián explicó que si bien aún están en gestiones con Costa Rica, hasta el momento no les han indicado que exista algún impedimento sanitario con relación al producto.
“Ellos (Costa Rica) también han registrado casos de fiebre porcina, y continúan exportando sus productos a Nicaragua. En este caso creo que es necesario que el Gobierno tome algunas medidas recíprocas de protección para el consumidor y la producción nacional”, indicó Gurdián.Al respecto Mario Arana, Ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), dijo que sería necesario conocer el argumento de Costa Rica, ya que “ellos saben que tenemos una zona del país que está libre de peste porcina, y habría que tener cuidado, aunque quisiera informarme de sus planteamientos, ya que aquí en la región estamos promoviendo que el libre comercio exista entre nosotros y esperaría que la colaboración sea entre todos los países y cumplamos con el precepto del libre mercado de bienes”.
Sin embargo, Mario González, jefe de servicios de campo de la dirección de Salud Animal del Mag-For, explicó que hay algunos departamentos del país en control y otros en evaluación, pero para declarar libre al país de la peste porcina clásica será necesario un seguimiento que continuará todo el año siguiente, período durante el que seguirán con las vacunaciones a los cerdos.
Mientras tanto a nivel interno, los embutidores deben sortear las irregularidades. Se estima que existan unas cuatro empresas artesanales fabricantes de embutidos que se dan a la tarea de hacer entregas de productos con bajas condiciones de sanidad, ya que el éste pierde color, textura, sabor y olor el mismo día. Éstas generalmente reparten su producto en mercados y pulperías, afirmó Zacarías Mondragón.
Pero no solamente —citó Mondragón— estas fábricas no cumplen con la sanidad e inocuidad de los productos, sino que hacen ventas sin facturación o no pagan impuestos y por tanto el embutido es vendido a precios inferiores.
Por su parte, el director general de Ingresos, Róger Arteaga, no brindó detalles sobre cuántas inspecciones han realizado a embutidoras artesanales para verificar el cumplimento de la ley, pero aseguró que han detectado casos, los que han merecido sanciones, multas y cierres.
Guillermo Gurdián, gerente de Cainsa, afirmó que ellos deben pagar el 10 por ciento del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Julio César Bendaña, director de Transparencia y Competencia de Mercados del Mific, explicó que casos como éstos podrán revisarse mediante la Ley de Competencia de Mercados, ejecutada a través de una denuncia en la Oficina de Defensa del Consumidor, de tal manera, que se realice un monitoreo para verificar si hay uso indebido de envases o marcas.
Así como la aplicación de la norma de etiquetado, la cual exige que el producto tenga especificaciones de marca, peso, registro sanitario, dirección de la fábrica que está produciendo, aplicable para todos los alimentos pre-envasados. Este marco regula sólo el mercado interno.
Se considera que el consumo per cápita de los embutidos en Nicaragua es del cinco por ciento mensual, pese a que para muchos son considerados como un sustituto de la carne.
Felipe McGregor, de Tip Top Industrial, consideró que para que estos productos ingresen a la lista de la canasta básica es necesario que se reduzcan algunos impuestos a la materia prima, a fin de que lleguen más baratos al consumidor.
Guillermo Gurdián, gerente general de Cainsa, planteó que presentarán oficialmente la propuesta al Gobierno para que al menos la mortadela y la salchicha (hot dog), sean incluidos en la canasta básica por ser altamente nutritivos y de menor precio al consumidor.
El gerente de Delmor, Zacarías Mondragón, sostuvo que la mortadela y la salchicha fueron gravados por la Ley de Equidad Fiscal.
El director general de Ingresos, Róger Arteaga, señaló que no tiene conocimiento sobre el interés para que algunos embutidos sean incluidos en la canasta básica “tendríamos que revisar, se dice que los otros países de Centroamérica los han integrado a la lista, y por eso no pagan impuestos”.
Carlos Baltodano, funcionario de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), explicó que se está aplicando un valor de transacción desde el año 2002, conocido como GATT, o sea un precio específico por pagar.
De tal manera, que sobre ese valor se le debe calcular el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) a los productos procedentes de la región centroamericana, y si vienen de terceros países debe sumarse el Derecho Arancelario de Importación (DAI)
En la lista anexo del GATT se estipula una partida arancelaria específica para “embutidos y productos similares de carne, despojo, preparaciones alimenticias”, así también los de bovinos, aves, porcinos y otros, están gravados con un 10 por ciento, detalló Baltodano.
Así también la Ley de Equidad Fiscal establece el pago del ISC a todas las importaciones, sean éstas de materia prima o producto terminado.
No así el DAI, que no se aplica para los productos elaborados o procesados en la región centroamericana.
Julio César Bendaña, director de Transparencia y Competencia de Mercados del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, dijo no tener conocimiento sobre la competencia desleal interna en la industria de los embutidos.
Explicó que desde esa oficina no se pueden tomar decisiones hasta no tener aprobada la Ley de Competencia de Mercados que aún se encuentra en su fase de elaboración y consulta, aunque no se descarta enviarla a la Asamblea Nacional antes que concluya este año.
Los precios de venta a los consumidores de mortadela, jamón y salchicha, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, son similares, por lo que generalmente son considerados productos de consumo masivo.
