Cambio climatico y ganaderia los desafios por venir
Publicado: 22 de agosto de 2016
Por: Nelson Illescas. Abogado y Consultor en derecho internacional y negociaciones agroindustriales. Maestría en Relaciones Internacionales IRI-Universidad Nacional de la Plata. Director de la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI).
Un poco de historia
A pesar del reciente impulso que ha cobrado la cuestión del cambio climático[1], las discusiones sobre la temática comenzaron mucho antes que París. Desde los años 50 hasta mediados de los 80, se recogieron datos que demostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando muy rápidamente.
Recién en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dos años más tarde, se presentó el primer informe de evaluación, reflejando las investigaciones de 400 científicos. Allí se afirmaba que el calentamiento global era una realidad y se pedía a la comunidad internacional que empezara a trabajar en la cuestión para evitarlo.
La respuesta llego con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) –más conocida como «Cumbre de la Tierra de Río»–, donde se dio a conocer la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La misma entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y tiene como objetivo “estabilizar las concentraciones atmosféricas de gas de efecto invernadero (GEI) a un nivel adecuado para impedir una interferencia humana peligrosa para el sistema climático”.
Es un documento marco, es decir, un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan orientarse mejor y ser más eficaces.
Con esto presente, desde 1995, a finales de cada año se llevan a cabo las Conferencias de las Partes (COP) y algunas negociaciones intermedias, en las cuales los miles de delegados de 195 países del mundo discuten principios generales y aspectos técnicos de las posibles implementaciones legislativas a nivel internacional que puedan mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a los que ya son inevitables.
La primera adición a la CMNUCC, fue el Protocolo de Kyoto, el cual se aprobó en 1997. Se trató del primer acuerdo de carácter vinculante, que buscaba lograr una reducción promedia del 5% de las emisiones de GEI comparado con los niveles del 1990, reconociendo formalmente las responsabilidades históricas y diferenciadas de los distintos países. De esta forma se enfocó solo en los países desarrollados. Su ratificación no fue sencilla, y recién entró en vigor en el 2005, con la decisiva ratificación de Rusia. EE.UU. nunca lo ratificó.
El Protocolo de Kyotoestaba compuesto de dos períodos principales, el 2008-2012 y 2013-2020, aunque ha estado en vigor sólo durante el primer periodo, ya que el segundo periodo nunca entró en vigor por la falta de ratificación de un número suficiente de partes.
En 2007, durante la COP13 celebrada en Bali (2007), se empezó a discutir del periodo post-2020. Allí se dispuso que en la COP15, a desarrollarse en Copenhague durante el 2009, se debería llegar a un acuerdo global vinculante que incluyera todos los países del mundo y no sólo los desarrollados. A pesar de los esfuerzos, no se llegó a ningún instrumento legal vinculante y las partes se limitaron a una declaración formal que fijaba en 2 grados el aumento máximo de temperatura aceptable (comparado con la época preindustrial, es decir, antes de 1880).
El proceso que siguió luego fue de reconstrucción de confianza, a lo largo de diversas cumbres, para finalmente desembocar en la COP21, en París.
El 30 de noviembre de 2015 dio inicio la COP 21, en París, y luego de dos semanas de complejas negociaciones, el 12 de diciembre concluyó la Cumbre, dando a lugar a dos documentos. Se logró consensuar una Decisión, en la que se cubren detalles prácticos y modalidades clave a discutirse en los próximos años, y un Acuerdo, centrado en los objetivos, obligaciones y directrices generales.
Por primera vez, todos los países del mundo se comprometieron a adoptar acciones de mitigación para reducir sus emisiones de GEI. Estas deberán estar acordes con los compromisos voluntarios de reducción que cada país presentó un par de meses antes de la reunión, en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).
El acuerdo expresa la voluntad de llegar a un “máximo global” de emisiones tan pronto como sea posible, a fin de alcanzar un equilibrio entre emisiones y remociones por sumideros de carbono, algo que algunos observadores consideran una forma moderada de referirse a un nivel cero de emisiones.
Un punto destacable fue que no se tomó en cuenta un enfoque sectorial, por lo que no se aplicarán compromisos específicos ni para el agro ni para el transporte. En el documento final se eliminaron las referencias al trabajo vía agencias relevantes de la ONU para reducir emisiones producidas por transporte marítimo y aéreo.
De la misma manera, se eliminó toda referencia al concepto de land use (uso de la tierra) del documento final. Bajo este concepto se buscaba que el sector agrícola “pagara” con reducciones sectoriales, que podrían haber afectado notablemente la producción de alimentos.
Asimismo, y reforzando a lo dispuesto por la CMNUCC, se incluyó el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades” en diversos apartados. De esta forma, los mayores contaminadores históricos como son los países desarrollados deberán afrontar los mayores compromisos.
Un de las novedades fue la posibilidad de establecer “mercados de carbono”, mediante la transferencia internacional de resultados de mitigación, en la cual las partes deberán promover el desarrollo sostenible, la integridad ambiental y la transparencia, aplicar una contabilidad sólida y evitar dobles conteos, todo según la dirección adoptada por las partes en el Acuerdo de París. Se estableció un mecanismo para contribuir a la mitigación de emisiones y al apoyo del desarrollo sostenible a usarse de manera voluntaria.
Deberá tenerse presente que se establecerán nuevos foros de negociación, ya que existe compromiso de los países de seguir elevando el nivel de ambición en cuanto a los compromisos de reducción, que deberán presentarse cada 5 años. Habrá discusiones en torno a la acciones de adaptación, como así también a la distribución de fondos y transferencia de tecnología.
La ceremonia de apertura a la firma del Acuerdo de Paris, se llevó a cabo en Nueva York, bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Desde su apertura el 22 de abril, ya han firmado 177 países, de los cuales solo 17 han ratificado[3]. Según se especifica que el acuerdo entrará en vigor 30 días después de que las 55 naciones, que suman aproximadamente el 55% de las emisiones totales, hayan presentado a la ONU los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.
La propuesta Argentina en perspectiva comparada
Argentina ratificó la CMNUCC en el año 1994[4]. Una de las obligaciones emanadas de la misma (Arts 4 y 12 de la CMNUCC) era informar sus inventarios nacionales de GEI, como así también los programas nacionales quecontengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático.
La Primera Comunicación Nacional fue presentada en 1997, realizándose una revisión de la misma en 1999. Luego, en 2007, se presentó la Segunda Comunicación Nacional[5]. Y finalmente, en 2015 se presentó la Tercera Comunicación Nacional, que fuera utilizada por el país para la negociación de la COP21 en París.
De acuerdo a esta última, el inventario de GEIs se resume de la siguiente manera:
Fuente: 3ª Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático
Aquí debe resaltarse la participación de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que en su conjunto representan el 48,9% del total de las emisiones.
Específicamente el sector ganadero, que representa el 16,8% del total, si se toman en cuenta las emisiones de la fermentación entérica (11%), gestión de estiércol (0,5%) y las emisiones directas e indirectas por excretas animales en sistemas pastoriles (5,3%).
La propuesta que Argentina llevó a la COP21, y luego reafirmó al firmar el Acuerdo de Paris en abril de 2016, establece dos metas.
Un primera, de carácter incondicional, por la cual se compromete a reducir sus emisiones de GEI del 15% en el año 2030 con respecto a las emisiones proyectadas en su escenario denominado Business As Usual (BAU[1]) al mismo año.
Según se señala, la meta incluye, entre otras, acciones vinculadas a: promover el manejo sostenible de los bosques, la eficiencia energética, los biocombustibles, la energía nuclear, las energías renovables y el cambio modal en el transporte.
Los criterios para seleccionar las acciones, incluyeron el potencial para reducir/capturar emisiones de GEI y los co-beneficios asociados, así como la posibilidad de aplicar tecnologías desarrolladas nacionalmente.
Port otro lado establece la denominada Meta Condicional, de acuerdo a la cual se podría alcanzar una reducción de emisiones de GEIs del 30% en el año 2030, también con respecto a las proyecciones para el escenario BAU al mismo año.
Para la misma exige el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) financiamiento internacional adecuado y predecible; b) el apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías; c) el apoyo a la creación de capacidades. La meta contempla tanto el incremento del alcance de medidas en marcha, como la implementación de nuevas medidas.
Como surge del cuadro que sigue, no figuran compromisos específicos para el sector ganadero.
Al analizar las diversas propuestas de mitigación[1], se observa que los compromisos han sidodesarrollados de acuerdo a las capacidades y sobre todo voluntad, de cada uno de los países. Algunos promueven solo compromisos condicionales, es decir, sujetos al apoyo internacional. Otros realizan diferentes compromisos (incondicionales y condicionales), más ambiciosos en caso de contar con apoyo financiero. Y algunos países solo presentan un compromiso incondicionado.
Fuente: 3ª Comunicación Nacional
Al analizar las diversas propuestas de mitigación[1], se observa que los compromisos han sidodesarrollados de acuerdo a las capacidades y sobre todo voluntad, de cada uno de los países. Algunos promueven solo compromisos condicionales, es decir, sujetos al apoyo internacional. Otros realizan diferentes compromisos (incondicionales y condicionales), más ambiciosos en caso de contar con apoyo financiero. Y algunos países solo presentan un compromiso incondicionado.
La UE y sus Estados miembros se han comprometido a un objetivo obligatorio de reducción de al menos el 40% de las emisiones de GEI para el año 2030 en comparación con 1990. El compromiso de EE.UU. es lograr una reducción de emisiones de entre un 26% y un 28 % por debajo de su nivel de 2005 para 2025. China en cambio plantea lograr su pico de emisiones en 2030 y reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB en un 60% a 65% respecto del nivel de 2005. Caso similar es el de India, aunque menos ambicioso, ya que, entre otras medidas, busca reducir la intensidad de las emisiones de su PIB en un 33% a 35% en 2030 respecto al nivel de 2005.
Brasil presenta un compromiso incondicionadode reducir sus emisiones en un 43% para el 2030, comparado con 2005. Específicamente para el sector agrícola,se compromete a fortalecer el programa de emisiones bajas en carbono como su principal estrategia, dentro de lo que incluye la restauración de 15 millones de hectáreas de pasturas degradadas y la incorporación de 5 millones de hectáreas al manejo integrado de cultivos, ganado y bosques (integratedcropland-livestock-forestrysystems (ICLFS))
Chile también presenta un ambicioso programa. Se compromete al 2030, a reducir sus emisiones por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007.Y de manera adicional, pero condicionado a la obtención de aportes monetarios internacionales, buscara aumentar su reducción de emisiones hasta alcanzar una disminución entre 35% a 45%. Pero en ambos casos lo hace considerando un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso.
Un caso muy interesante es el de Uruguay. Presenta su propuesta de reducción para los diferentes GEI, centrándose en acciones puntuales sobre diferentes sectores.
Y destaca particularmente, respecto de la producción de carne vacuna (78% de las emisiones de metano y en 61% de las emisiones de oxido nitroso para 2010), que el origen biológico de estas emisiones, sumado al hecho de que el país no puede mitigar el cambio climático a expensas de la producción de alimentos, reclama un enfoque de reducción de la intensidad de emisiones por unidad de producto o de alimento producido.
De esta forma, prevé que para 2030 se logrará una reducción de su intensidad de emisiones de CH4 por kilo de carne (peso vivo) en 33% en relación al valor de 1990, con medios propios, y alcanzaría 46% de reducción si dispone de medios de implementación externos adecuados. Y para el caso del N2O, espera reducir su intensidad de emisiones de por kilo de carne en pie en 31% en relación al valor de 1990, con medios propios, y pudiendo alcanzar 41% de reducción si dispone de medios de implementación externos adecuados.
De esta forma, en perspectiva comparada, se puede señalar que la propuesta argentina le permite cierto margen de maniobra para decidir sobre qué sectores realizar los mayores recortes de emisiones.
Y tomando como por ejemplo a Uruguay, se pueden avizorar posibilidades de compromisos sectoriales a futuro, apuntando a una producción más eficiente en términos ambientales, sin por eso reducir el stock ganadero.
Medición de emisiones y acciones de mitigación
Respecto de las emisiones de GEI en Argentina, existen diversos grupos de trabajo realizando estudios de medición de emisiones en el sector ganadero.
Por citar un ejemplo, el trabajo realizado por el Dr. Horacio L. Gonda, que junto a su grupo de investigación[2], se encuentran midiendo emisiones de la ganadería desde 2007.
Gonda ha señalado con tal fin, se han puesto a punto metodologías y protocolos experimentales que permiten cuantificar, en animales en pastoreo y en base individual, el consumo de forraje y la digestibilidad in vivo del forraje consumido (método de los n-alcanos), la eficiencia de utilización de la proteína bruta consumida (balance de nitrógeno corporal total), la performance animal, y la emisión de metano entérico (método del SF6 como gas trazador).
Otra mención se puede realizar la denominada "vaca mochilera", desarrollada por investigadores del INTA Castelar para medir la emisión de gases de efecto invernadero que estos animales producen[3].
La importancia de estos estudios radica en la necesidad de contar con publicaciones reconocidas científicamente, con el objetivo de obtener mediciones de GEI para la ganadería que se adecuen correctamente a la producción argentina, permitiendo así utilizar estos valores en vez de los dispuestos por default por el IPCC.
En cuanto a la mitigación, se puede mencionar como ejemplo la iniciativa que están llevando adelante la Sociedad de Medicina Veterinaria (SOMEVE) de la República Argentina y la federación Veterinaria Argentina (FEVA), la cual se Se plantea como un trabajo conjunto, entre actores del sector público y del sector privado.
Estas instituciones se encuentran trabajando en una propuesta de eficiencia de producción de carne y leche con reducción de gases de efecto invernadero.
La estrategia se orienta a mejorar la nutrición, la reproducción, la sanidad y la genética, lo que permite lograr más terneros en la cría y más kilos en el engorde. De esa manera, se logra mejorar la eficiencia productiva y reducir las emisiones por kilogramo de carne o litro de leche producida.
Lo interesante de la propuesta es que se busca reducir las emisiones de metano provenientes del ganado vacuno mediante la implementación de estrategias que no impliquen costos para el productor utilizando tecnología que se encuentre disponible. Esto se condice con lo señalado a final del apartado precedente.
Amenazas a futuro
Una vez en vigor el Acuerdo de Paris, Argentina se va a encontrar legalmente obligada a cumplir con sus compromisos.
En caso de incumplimiento, no se contempla un mecanismo formal de solución de controversias, lo que puede dar a lugar a que los socios comerciales empiecen a utilizar medidas de corte unilateral para asegurar el cumplimento.
De esta forma pueden surgir barreras no arancelarias, para castigar a los incumplidores mediante la imposición de restricciones al comercio.
Esto debe tenerse presente al momento de presentar nuevos compromisos de reducción. El actual compromiso, que puede denominarse 15+15 no contempla compromisos de carácter sectorial.
De esta forma las reducciones de emisiones GEI pueden distribuir (de hecho, lo hacen) en diferentes sectores, como surge del Cuadro I (ver supra).
El Art. 4.3 del Acuerdo de Paris establece que al presentar una nueva contribución nacional, la misma deberá representar una progresión, es decir, ser más ambiciosa que la anterior[4].
Cualquier tipo de propuesta que se elabore, sea que aumente el nivel de ambición (como la denominada 25+25[5]) o se realicen compromisos de carácter sectorial (que implicarían reducciones efectiva en cada uno de los sectores y no solo en el conjunto de la economía), debe tener en cuenta la realidad de la producción agroindustrial del país.
Otro aspecto a considerar es el relativo a los estándares privados, más concretamente el relativo a la huella de carbono. Idígoras (2011) señala que la presencia de estándares privados en el mercado de la carne vacuna relativos a sanidad, calidad e inocuidad de productos y subproductos, ha sido un fenómeno de amplio desarrollo entre industriales y minoristas del sector. A su vez indica que eventos sanitarios globales o regionales, tales como los de la BSE, la fiebre aftosa o los casos de Escherichia Colli entre otros, con sus consiguientes efectos en la sensibilidad y confianza de los consumidores, llevaron a que las empresas de dicho sector adopten sistemas y/o estándares más rigurosos con el objetivo de asegurar la inocuidad y seguridad de las carnes comercializadas.
En dicho trabajo se identificaron los costos asociados con la implementación y la demostración del cumplimiento de los estándares privados demandados por las cadenas minoristas y otras industrias de alimentos, que enfrentan los productores y empresas exportadoras del sector de la carne bovina de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
Lo importante, más allá de la materia de costos y adaptación, es que la existencia de estándares privados más exigentes que las normas públicas va en detrimento de las posibilidades de acceso de países con menor desarrollo económico relativo y de aquellas empresas o productores que no tengan dimensiones suficientes para enfrentar las inversiones necesarias en infraestructura, recursos humanos, capacitación
En ese sentido, Lottici (CEI, 2012) analiza el fenómeno de la huella de carbono[6], evaluando de qué manera impactaría en las exportaciones argentinas a diferentes destinos.
Se señala la existencia de distintas propuestas, en la Unión Europea sobre todo, que buscan promover etiquetados basados en la huella de carbono. Estas iniciativas, que por el momento son voluntarias, alcanzan a distintos productos. Y es importante destacar, que si bien existen diversos métodos de cálculo, aún no se ha alcanzado un consenso sobre la metodología más apropiada para la medición de la misma.
Concluye señalando que para los países en desarrollo como la Argentina, el diseño y la aplicación de sistemas privados de certificación ambiental y de etiquetado deberían ser cuidadosamente evaluados dado que podrían constituir el primer paso para el establecimiento futuro de prescripciones obligatorias, con repercusiones mucho más amplias que un sistema privado y voluntario.
Muchas de estas prescripciones privadas y voluntarias son diseñadas en base a métodos elaborados por países desarrollados y se aplican en especial a los alimentos, los biocombustibles y los productos orgánicos, que son sectores de gran importancia para algunas economías en desarrollo, que además son eficientes en materia agropecuaria, entre las que se encuentra la Argentina.
En términos generales, frente a este escenario los gobiernos de los países exportadores –entre ellos, la Argentina– enfrentan desafíos de política que requerirán de una estrecha alianza público-privada en pos de cumplir con variados objetivos –que no necesariamente resultan contrapuestos–: i) concientizar a los diferentes actores respecto de los riesgos y desafíos que entrañan este tipo de medidas para las exportaciones, ii) desarrollar tempranamente estrategias para cuestionar estas medidas en los foros comerciales pertinentes, y iii) promover una participación activa en los foros de discusión de metodologías de cálculo de huella de carbono con el fin de evitar sesgos desfavorables hacia los países en desarrollo.
Consideraciones finales
Se debe tener presente que la negociación de cambio climático no es sólo una negociación ambiental, sino que es ante todo, una negociación de las condiciones de competencia económica internacional.
Por otro lado, lo logrado en París es solo el puntapié inicial para nuevas negociaciones, ya que existe compromiso de los países de seguir elevando el nivel de ambición en cuanto a los compromisos de reducción, que deberán presentarse cada 5 años.
Habrá discusiones en torno a la acciones de adaptación, como así también a la distribución de fondos y transferencia de tecnología.
La definición de las cuestiones técnicas que se han dejado abiertas en París y las nuevas instancias negociadoras para profundizar los compromisos asumidos demandan continuar en estado de alerta. Se deben seguir de cerca estas instancias para evitar que las negociaciones afecten las capacidades de producción de Argentina y deriven en nuevas barreras al comercio.
No debe perderse de vista que las metodologías IPCC sobre emisiones por defecto no necesariamente reflejan la realidad de la ganadería argentina. Es por esto que deberían redoblarse los esfuerzos para contar con factores de emisiones propios.
La proliferación de estándares privados dificulta notablemente la comercialización de los productos. Sin una metodología consensuada, pueden inducir a confusiones y generar perjuicios en las exportaciones argentinas.
Todo esto lleva a que la interacción público-privada en el sector ganadero va a ser fundamental en los próximos años. Se deben aunar esfuerzos y coordinar las investigaciones que están llevando adelante, para lograr que el país siga siendo un productor de alimentos cada vez más eficiente y confiable.
Bibliografía y fuentes de información
CAIT Climate Data Explorer. http://cait.wri.org/
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
Fundación INAI. www.inai.org.ar
Idígoras, Gustavo (2011). Incidencia de los requisitos privados para alimentos en el Cono Sur: estudio sobre la cadena bovinos de carne / Gustavo Idígoras, Alejandro Fried, Pablo Lara -- San José, C.R.: IICA, 2011.
INTA. www.inta.gob.ar
Lottici, María Victoria (2012). La Huella de Carbono y su impacto potencial sobre las exportaciones argentinas. Centro de Economía Internacional. Serie de Estudios del CEI. Número 14. Febrero de 2012
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable http://www.ambiente.gov.ar/
Un poco de historia
A pesar del reciente impulso que ha cobrado la cuestión del cambio climático[1], las discusiones sobre la temática comenzaron mucho antes que París. Desde los años 50 hasta mediados de los 80, se recogieron datos que demostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando muy rápidamente.
Recién en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dos años más tarde, se presentó el primer informe de evaluación, reflejando las investigaciones de 400 científicos. Allí se afirmaba que el calentamiento global era una realidad y se pedía a la comunidad internacional que empezara a trabajar en la cuestión para evitarlo.
La respuesta llego con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) –más conocida como «Cumbre de la Tierra de Río»–, donde se dio a conocer la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La misma entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y tiene como objetivo “estabilizar las concentraciones atmosféricas de gas de efecto invernadero (GEI) a un nivel adecuado para impedir una interferencia humana peligrosa para el sistema climático”.
Es un documento marco, es decir, un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan orientarse mejor y ser más eficaces.
Con esto presente, desde 1995, a finales de cada año se llevan a cabo las Conferencias de las Partes (COP) y algunas negociaciones intermedias, en las cuales los miles de delegados de 195 países del mundo discuten principios generales y aspectos técnicos de las posibles implementaciones legislativas a nivel internacional que puedan mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a los que ya son inevitables.
La primera adición a la CMNUCC, fue el Protocolo de Kyoto, el cual se aprobó en 1997. Se trató del primer acuerdo de carácter vinculante, que buscaba lograr una reducción promedia del 5% de las emisiones de GEI comparado con los niveles del 1990, reconociendo formalmente las responsabilidades históricas y diferenciadas de los distintos países. De esta forma se enfocó solo en los países desarrollados. Su ratificación no fue sencilla, y recién entró en vigor en el 2005, con la decisiva ratificación de Rusia. EE.UU. nunca lo ratificó.
El Protocolo de Kyotoestaba compuesto de dos períodos principales, el 2008-2012 y 2013-2020, aunque ha estado en vigor sólo durante el primer periodo, ya que el segundo periodo nunca entró en vigor por la falta de ratificación de un número suficiente de partes.
En 2007, durante la COP13 celebrada en Bali (2007), se empezó a discutir del periodo post-2020. Allí se dispuso que en la COP15, a desarrollarse en Copenhague durante el 2009, se debería llegar a un acuerdo global vinculante que incluyera todos los países del mundo y no sólo los desarrollados. A pesar de los esfuerzos, no se llegó a ningún instrumento legal vinculante y las partes se limitaron a una declaración formal que fijaba en 2 grados el aumento máximo de temperatura aceptable (comparado con la época preindustrial, es decir, antes de 1880).
El proceso que siguió luego fue de reconstrucción de confianza, a lo largo de diversas cumbres, para finalmente desembocar en la COP21, en París.
El 30 de noviembre de 2015 dio inicio la COP 21, en París, y luego de dos semanas de complejas negociaciones, el 12 de diciembre concluyó la Cumbre, dando a lugar a dos documentos. Se logró consensuar una Decisión, en la que se cubren detalles prácticos y modalidades clave a discutirse en los próximos años, y un Acuerdo, centrado en los objetivos, obligaciones y directrices generales.
Por primera vez, todos los países del mundo se comprometieron a adoptar acciones de mitigación para reducir sus emisiones de GEI. Estas deberán estar acordes con los compromisos voluntarios de reducción que cada país presentó un par de meses antes de la reunión, en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).
El acuerdo expresa la voluntad de llegar a un “máximo global” de emisiones tan pronto como sea posible, a fin de alcanzar un equilibrio entre emisiones y remociones por sumideros de carbono, algo que algunos observadores consideran una forma moderada de referirse a un nivel cero de emisiones.
Un punto destacable fue que no se tomó en cuenta un enfoque sectorial, por lo que no se aplicarán compromisos específicos ni para el agro ni para el transporte. En el documento final se eliminaron las referencias al trabajo vía agencias relevantes de la ONU para reducir emisiones producidas por transporte marítimo y aéreo.
De la misma manera, se eliminó toda referencia al concepto de land use (uso de la tierra) del documento final. Bajo este concepto se buscaba que el sector agrícola “pagara” con reducciones sectoriales, que podrían haber afectado notablemente la producción de alimentos.
Asimismo, y reforzando a lo dispuesto por la CMNUCC, se incluyó el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades” en diversos apartados. De esta forma, los mayores contaminadores históricos como son los países desarrollados deberán afrontar los mayores compromisos.
Un de las novedades fue la posibilidad de establecer “mercados de carbono”, mediante la transferencia internacional de resultados de mitigación, en la cual las partes deberán promover el desarrollo sostenible, la integridad ambiental y la transparencia, aplicar una contabilidad sólida y evitar dobles conteos, todo según la dirección adoptada por las partes en el Acuerdo de París. Se estableció un mecanismo para contribuir a la mitigación de emisiones y al apoyo del desarrollo sostenible a usarse de manera voluntaria.
Deberá tenerse presente que se establecerán nuevos foros de negociación, ya que existe compromiso de los países de seguir elevando el nivel de ambición en cuanto a los compromisos de reducción, que deberán presentarse cada 5 años. Habrá discusiones en torno a la acciones de adaptación, como así también a la distribución de fondos y transferencia de tecnología.
La ceremonia de apertura a la firma del Acuerdo de Paris, se llevó a cabo en Nueva York, bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Desde su apertura el 22 de abril, ya han firmado 177 países, de los cuales solo 17 han ratificado[3]. Según se especifica que el acuerdo entrará en vigor 30 días después de que las 55 naciones, que suman aproximadamente el 55% de las emisiones totales, hayan presentado a la ONU los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.
La propuesta Argentina en perspectiva comparada
Argentina ratificó la CMNUCC en el año 1994[4]. Una de las obligaciones emanadas de la misma (Arts 4 y 12 de la CMNUCC) era informar sus inventarios nacionales de GEI, como así también los programas nacionales quecontengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático.
La Primera Comunicación Nacional fue presentada en 1997, realizándose una revisión de la misma en 1999. Luego, en 2007, se presentó la Segunda Comunicación Nacional[5]. Y finalmente, en 2015 se presentó la Tercera Comunicación Nacional, que fuera utilizada por el país para la negociación de la COP21 en París.
De acuerdo a esta última, el inventario de GEIs se resume de la siguiente manera:
[1]Según la definición de la CMNUCC, se entiende por cambio climático al “cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.
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