UE- Desacuerdo entre los 25 sobre maíz transgénico NK-603 devuelve la decisión a la Comisión

Los ministros de Medio ambiente de la Unión Europea no lograron ponerse de acuerdo hoy sobre la comercialización del maíz genéticamente modificado NK603, por lo que el caso deberá ser resuelto definitivamente por la Comisión Europea. Durante el debate, Bélgica, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia y España manifestaron su intención de abstenerse y Dinamarca, Chipre, Hungría, Italia y Grecia de votar en contra, mientras que sólo Francia, Estonia y República Checa estaban a favor. Alemania no se pronunció sobre este tipo de maíz que ha sido modificado por la empresa Monsanto para aumentar su tolerancia al glyfosato, un herbicida. En un comunicado, el Ejecutivo señaló que tomará la decisión en las próximas semanas. Tendrá en cuenta en su deliberación que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que el producto Zea mays L. línea NK603 es tan seguro como el maíz convencional y que su comercialización para la elaboración de productos alimenticios, piensos o para su transformación no tiene visos de constituir un peligro para la salud humana o animal ni, en ese contexto, para el medio ambiente. La solicitud de importación y procesado fue presentada por Monsanto en 2000 a España, quien hizo la evaluación del producto y cursó la autorización ante las autoridades comunitarias. Se da el caso de que Monsanto ha presentado dos nuevas peticiones en Holanda, para consumo humano, y en Francia para cultivo para el mismo maíz, con el objetivo de obtener el mismo resultado desde diferentes ámbitos. En el caso de que la opinión de la Comisión sea positiva, éste será el segundo producto genéticamente modificado autorizado en la Unión Europea, después del maíz 'BT-11' de la firma suiza Syngenta, destinado al consumo humano pero que no será cultivado, sino vendido en bote o en forma de palomitas. En aquella decisión, el Ejecutivo comunitario puso fin --tras un proceso similar al que ahora sufre el nuevo producto-- a la moratoria de los transgénicos, a pesar de las presiones de los ecologistas. Por su parte, la ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, justificó su abstención en que en su opinión es preciso aplicar una política de mayor "prudencia" respecto al tratamiento y autorización de organismos genéticamente modificados, en especial, en la aplicación del principio general de precaución, realizar más investigaciones independiente y reforzar el cumplimiento en España de las normas europeas en materia de trazabilidad y etiquetado de los productos. "La posición que ha tenido el Gobierno del PP desde 1996 ha permitido que sea España la que autorice hasta 12 sustancias genéticamente modificadas en nuestro países", explicó en referencia al sistema europeo que permite que sea el Estado que recibe la solicitud el encargado de hacer la evaluación. "De esas 12, cinco maíces han tenido que ser retirados (del mercado ) porque se han presentado circunstancias que no habían sido evaluadas previamente, lo cual no es de extrañar porque en materia de OGM todavía nos movemos con gran dificultad porque no se pueden hacer evaluaciones a más largo plazo en relación a sus efectos", subrayó Narbona en rueda de prensa. En este sentido, indicó que la propia comunidad científica muestra la dificultad de ir más allá de un plazo relativamente corto en sus análisis por lo que el Gobierno actual cree que hay que acentuar el principio de precaución en materia de OGMs. "Incorporaremos nuevos informes de carácter independiente en el estudio de los OGM respecto a las peticiones que existen en estos momentos", advirtió. Además, subrayó que "España no puede decir con rigor que estamos en condiciones de que se aplique correctamente, con rigor, la normativa vigente para garantizar la trazabilidad de los OGMs. No hay suficiente capacidad para hacerlo, por ejemplo, en cuanto a la importación". "Hemos lanzado en ese sentido una petición a nuestra dirección general de Aduanas porque hoy por hoy no podemos garantizar lo que exige la normativa europea", añadió. El permiso solicitado supone que el producto podrá utilizarse como cualquier otro maíz, excepto para el cultivo y uso como alimento o componente de alimento, y podrá comercializarse con una serie de condiciones. El plazo de validez de la autorización escrita será de diez años y el titular de la autorización deberá poner a disposición de la autoridad competente muestras de control cuando ésta lo solicite. Asimismo, el mensaje "Este producto contiene organismos modificados genéticamente" o "Este producto contiene maíz modificado genéticamente" deberán aparecer en una etiqueta o en un documento que acompañe al producto. Dado que no se autoriza la comercialización del producto para su cultivo, la mención 'no utilizar para su cultivo' aparecerá también. Por otra parte, la empresa deberá garantizar que se ejecuta el plan general de vigilancia ante cualquier efecto adverso sobre la salud humana o el medio ambiente que se desprenda de la manipulación o utilización del producto.