Manejo integrado de plagas y sostenibilidad.

Los agronegocios de hoy no se pueden considerar un negocio más. Son los negocios que están en mayor intimidad con el ser humano, con el aire, con el agua, con la tierra. Son los negocios que nos brindan los alimentos a la mesa de la mayoría de los mexicanos, y de millones de personas más allá de nuestras fronteras. Un negocio como éste tiene como obligación buscar el bien común, pues en el bien común logra su propio beneficio a corto, mediano y largo plazo. No es un asunto de marketing, es un asunto de sobrevivencia. Sobrevivencia si, del negocio, pero más importante, sobrevivencia de los participantes, del ecosistema y de los que reciben los alimentos y fibras que ahí se producen. Es por ello, que el concepto de sostenibilidad se ha vuelto indispensable en la agricultura (Fava Neves y Thomé y Castro, 2008).

El concepto de sostenibilidad busca como fin último la permanencia de la vida en el planeta tierra. Para lo cual se establece como principios el cuidado del medio ambiente, el manejo racional de los recursos naturales para la producción de bienes, en este caso alimentos y servicios, con equidad. Los recursos naturales como el agua, el suelo, los nutrientes, no deben ser considerados como inagotables; por el contrario, requieren de un tiempo y espacio para su renovación o regeneración (Quintero et al., 2008). Como seres humanos que intervenimos los ecosistemas naturales, debemos ser sensibles y conscientes que toda acción causa un impacto en el ambiente y en la sociedad. La alimentación es una de las necesidades básicas de los seres vivos. Esto lo hemos aprovechado como humanidad, en todas las sociedades, lo que ha permitido nuestro desarrollo a través del establecimiento de agroecosistemas. Sin embargo, como parte de las complicadas redes tróficas que dan pie a la producción de alimentos, en la agricultura se presentan organismos plaga que invariablemente afectan la producción. Esta actividad se caracteriza por ser de alto riesgo e incertidumbre. 

El concepto de plaga es fuertemente antropocéntrico, ya que las plagas compiten con los humanos por alimentos, fibras o refugio. Además, varias plagas son conocidas por ser vectores de patógenos causantes de enfermedades en los cultivos, en los animales domésticos, e inclusive en el ser humano que trabaja y vive de la agricultura (Flint y van de Bosch, 1981). Para FAO (2005), plaga es cualquier especie, raza, biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para las plantas y/o productos vegetales, que pueden provocar enormes pérdidas en la producción de los cultivos, convirtiéndose en uno de los principales inconvenientes para los productores de muchos países sin importar las condiciones de desarrollo o subdesarrollo. Pero no todos los organismos catalogados como plagas son nocivos bajo todas las circunstancias (Barrera et al., 2008). Algunos daños mínimos pueden -y deberían- ser tolerados, como aquellos que no afectan sus condiciones nutricionales, porque son la diferencia entre la segunda o la tercera y la décima aplicación. Aquí el consumidor juega un papel importante, porque la mayoría de las veces su elección se basa en la búsqueda de “frutos perfectos” (Nicholls, 2008) en apariencia, en lugar de  decidir por productos generados en un sistema sustentable, que no perjudique la salud del consumidor.

A través del tiempo, en los agroecosistemas hemos buscado mayores ganancias económicas -y mayores satisfactores- con el uso de diferentes tecnologías para el control de estas plagas. Sin embargo, varias técnicas de control de plagas impactan al ambiente, dentro de las que sobresale la aplicación de plaguicidas. A mediados de la década de 1950, la Revolución Verde fue un movimiento que tuvo la encomienda de producir alimentos masivamente se propicia el uso de plaguicidas para el control de plagas sin conocer el efecto negativo sobre el ambiente y las implicaciones en trabajadores agrícolas obligándolos a buscar otras fuentes de empleo o a emigrar a las ciudades. Dicen que el hombre es el único animal que comete el mismo error innumerables veces. Esto también es cierto en el ámbito del combate de plagas. Andrews y Quezada (1989) han hecho una excelente descripción del síndrome del uso de plaguicidas, que relata las fases que se han repetido una y otra vez, en diferentes pueblos y países alrededor del mundo, cuando el control de plagas recae básicamente en el control químico. La quinta fase la llaman la de “desastre”. Después de hacer una espiral de aumento en el número y volumen utilizado, el uso de plaguicidas propicia el incremento de los costos de producción hasta perder rentabilidad y lograr el abandono de los cultivos, aunado a múltiples efectos indeseables en el ambiente, que pueden costar una cuarta parte o más de los beneficios económicos directos que aporta, aunque los costos acumulativos ambientales pueden ser tan altos como el valor de los plaguicidas (Pimentel, 2005). Eso ha sucedido en Texas, Tamaulipas, Sinaloa, la Laguna, Chiapas, Michoacán, Perú, por poner algunos ejemplos en algodón, hortalizas y papa (Cisneros, 1995). Y lo peor es que ahora mismo, está sucediendo en algún parte del mundo, muy probablemente cerca de nosotros.

Y es aquí donde la sostenibilidad debe ampliar sus fronteras, pues no solo es la cantidad de alimento, sus nutrientes, sino la calidad de los mismos, los que no se ven, los que lo hacen inocuo o le aportan un valor adicional por apoyar sistemas de producción más justos, más preocupados por el ambiente, por el consumidor y por el productor.

 

El concepto de Manejo integrado de Plagas tiene su origen en California, en el concepto de control integrado de plagas propuesto por Stern, Smith, Van den Bosch y Hagen en 1959, donde precisan una serie de preceptos bastante maduros, para iniciar la interacción entre el creciente y avasallante control químico -que tuvo un boom formidable posterior a la segunda guerra mundialy el control biológico, bandera enarbolada desde el siglo XIX por la Universidad de California. Es en la década de 1970 donde el concepto evoluciona al de Manejo Integrado de Plagas, que se plantea como una solución a la aplicación desmedida de plaguicidas para el control de organismos que afectan o merman la producción o su calidad. Con el paso del tiempo, los plaguicidas han perdido efectividad debido al desarrollo de resistencia por los organismos plaga y por eliminación de sus enemigos naturales. También han sido la causa de deterioro ambiental por la contaminación de los mantos freáticos; de daños a los trabajadores agrícolas y a los consumidores por la exposición a sus residuos. El concepto de MIP tiene bases filosóficas y principios ecológicos que indican que las poblaciones pueden autorregularse para evitar la explosión demográfica de una especie. Esto a través de organismos de control como los depredadores, parasitoides y patógenos que existen en todo ecosistema (Romero, 2004).

 

Diferentes autores han plasmado su concepto sobre Manejo integrado, varios de los que a continuación presentamos. De acuerdo a Frank (1981), consiste en la selección, integración e  implementación de tácticas de manejo de organismos dañinos con un enfoque de sistemas, tomando de antemano como base las consecuencias socioeconómicas y ecológicas. Para Norris et al. (2003), el MIP es un sistema de ayuda a la toma de decisiones para seleccionar y usar tácticas de control de plagas, solas o coordinadas con armonía, basadas en un análisis de costobeneficio, que toma en cuenta los intereses de los productores y la sociedad, y el impacto sobre el ambiente. De acuerdo a Bottrell, (1979) los problemas de plagas no deben visualizarse de manera aislada, debe hacerse un reconocimiento de las plagas clave, el control natural debe ser reconocido y aprovechado, el cultivo debe ser el elemento o eje integrador y el manejo debe basarse en el uso de niveles críticos de las poblaciones plaga. Por su parte, en México Téliz (2000) opina que el manejo integrado es un conjunto de acciones y decisiones fundamentadas en datos sistematizados de la planta, del clima y de los factores que influyen en la productividad y comercialización del fruto. De acuerdo a Barrera et al. (2008), los objetivos del MIP son reducir el nivel de densidad poblacional de los organismos plaga para que sus daños disminuyan y también los costos de protección y los efectos indeseables de las acciones de control principalmente de los plaguicidas. El término “manejo” involucra la manipulación de la plaga, de la planta y del ambiente, lo que conlleva a la sustentabilidad. El MIP es un sistema que integra diferentes tácticas de control que seleccionan los productores de acuerdo a su toma de decisiones según sus condiciones locales y el tipo de plaga, busca usar las tácticas de control basadas en un análisis de costo-beneficio que toma en cuenta los intereses de los productores y la sociedad y el impacto sobre el ambiente.

Según Barrera et al. (2008), el MIP tiene como base el control natural por ser sustentable, en combinación con el control cultural, el control genético (uso de plantas resistentes), el control etológico (la técnica del insecto estéril [TIE] y el uso de semioquímicos), el control biológico (uso de depredadores, parasitoides y patógenos) y el uso del control legal que incluye el uso de medidas cuarentenarias que mitigan el riesgo de entrada de plagas a zonas libres; y como última opción el control químico. Estos autores indican que el éxito del MIP depende de la coordinación entre los agricultores con los demás actores involucrados en el control de plagas.

Es en esta última parte del MIP, donde se encuentra la similitud con el Desarrollo Rural Integral (Herrera, 2013), estrategia que abarca aspectos socioeconómicos, técnico productivos, culturales, formativos y de organización. Para Herrera, es urgente la presencia de profesionales del medio rural con un enfoque multidisciplinario. En México en el ámbito del manejo de plagas, la cabeza de sector es la Dirección General de Sanidad Vegetal, que es apoyada en los Estados por organismos auxiliares como los Comités Estatales y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal. Estos organismos tienen especialistas preparados para implementar las medidas legales y su correcta aplicación en el control de plagas reguladas. Sin embargo, su formación fitosanitaria les impide contar con las herramientas interdisciplinarias indispensables para el desarrollo rural sustentable. Esto crea la necesidad de ampliar la formación de estos especialistas en ámbitos del desarrollo rural.

En la actualidad, en México existen otras corrientes o pensamientos que de igual manera buscan formas de manejo de plagas más amigables con el ambiente. Dentro de ellas está el Manejo Agroecológico de Plagas (MAP), que incorpora una visión integradora y holística del agroecosistema (Bahena, 2015), inmerso en los diferentes niveles, tanto local, regional, como global. Bahena indica que el MAP busca la restauración de la biodiversidad funcional para reactivar el control biológico, con el apoyo de diversas tácticas de control milenarias, como asociaciones y rotaciones de cultivo, manejo de arvenses, prácticas culturales, trampas de diferentes tipos, uso de semioquímicos y de extractos botánicos, entre otros.

Otro concepto es el Manejo Holístico de plagas (MHP) (Barrera, 2007), concebido como un sistema regional participativo de manejo de plagas, dirigido al bienestar de la población a través  de procesos y productos inocuos y de calidad para el autoconsumo, además de ser competitivos con el mercado, procesos generados a partir de sistemas integrales de producción, manejados bajo una estrategia que primero atiende las causas que provocan los brotes poblacionales de organismos asociados, y después recurre a métodos y tácticas que minimizan los costos económicos, ambientales y sociales derivados de la acción y manejo de estos organismos.

De ahí la importancia de considerar todas las estrategias ecológicas para el manejo de las plagas con un enfoque de sistemas que considera a los agroecosistemas y a los ecosistemas urbanos en interacción. Los agroecosistemas generan servicios ambientales y energéticos para el funcionamiento de los sistemas urbanos, por lo que deben recibir pago justo por ello, a partir de lo que se genere en los sistemas urbanos. 

Altieri y Nichols (2000) indican que los agroecosistemas deben mejorar en lo económico, lo social y lo ecológico. Sin embargo, la actividad agrícola depende de políticas que, según Chaparro y Rivera (2000), permiten hacer competitivo al sector agrícola, unido al objetivo también político, de mejorar las condiciones de vida de la población, incluyendo su capacidad económica, procesos sociales y culturales. Sin embargo, no todas las acciones en aras de la competitividad del campo han resultado en beneficios para la sociedad rural, ni garantizan un desarrollo equitativo a largo plazo y que implique una mejora del ambiente. Esto ha forzado al país a voltear hacia el desarrollo rural sustentable.

Como trabajar en pro del desarrollo sustentable, se necesita conocer la situación de los principales actores, los productores. De acuerdo a la FAO (Urquía, 2013), en México existen diferentes tipos de productores clasificados como unidades económicas rurales, según los ingresos que obtienen por sus ventas:

Unidad económica rural de subsistencia (UER), que solo producen para el autoconsumo. Son 1,192,029 productores (22.4%), los que no entran al mercado.

UER familiar de subsistencia con vinculación al mercado, que aportan en ventas 7.5% de las ventas. Este estrato es el más elevado, consta de 2.7 millones de productores, arriba de 50% del total, con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

UER en transición, son casi 445 mil productores que representan 8.3% de los productores y que aportan en ventas el 5.3%.

UER empresarial con rentabilidad frágil. Son más de 500 mil productores, representan el 9.9% del total y aporta en ventas el 13%.

UER pujante. Son casi 450 mil productores, representan 8.4% del total y aportan 13% de las ventas.

UER empresarial dinámico. Son 17,600 productores que representan 0.3% del total y aportan 33% de las ventas. Así, 0.34% de los productores aporta 1/3 de todas las ventas del agro en México. Muchos de estos productores usufructúan grandes superficies de terreno y tienen a su alcance tecnología. Por ello, resulta obvio que en términos de sostenibilidad, no se puede cumplir con el atributo de la equidad, ya que esta UER representan a la minoría (Villanueva y López, 2016).

Para entender el papel del MIP en los procesos de desarrollo rural sustentable (DRS), es preciso acudir a algunos conceptos. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (Congreso de la Unión, 2007) define al DRS como “el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas, en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio”. Este concepto está acorde al consenso mundial que busca nuevas estrategias de desarrollo para asegurar una producción estable de alimentos y productos, preservando la calidad ambiental (Altieri y Nicholls,  2007). Sin embargo, los países en desarrollo no siempre son libres para determinar sus políticas comerciales; el devenir de las políticas macroeconómicas neoliberales afecta a productores y consumidores, lo que a su vez está afectando necesariamente al ambiente a nivel mundial (Díaz y López, 2006). En línea con la filosofía del acuerdo de Río (ONU, 1992), la única forma de revertir los procesos de deterioro ambiental, asociados al cambio climático es la acción local: “pensar globalmente y actuar localmente”. En este contexto, el rol del Gobierno Mexicano ha cambiado hacia alentar las acciones que impulsen el desarrollo rural sustentable (Chaparro y Rivera, 2000). En México, la Ley de DRS fue promulgada para propiciar las condiciones para que el gobierno y los sectores involucrados lleven a cabo acciones que provoquen dicho desarrollo, basado en la participación de la sociedad. Sin embargo, en un medio donde el uso de los recursos naturales, la cultura y la pobreza tienen interacciones complejas, las acciones individuales de los productores del sector son insuficientes para provocar el desarrollo y por supuesto está lejos de tomar en cuenta el manejo sustentable del sistema. Por ello, la apuesta se centra en la asociación de medianos y pequeños productores, para lograr productividad suficiente que les permita acceso a mercados nacionales e internacionales, con el cumplimiento de las normatividades de calidad que estos exigen, y sin menosprecio del cuidado de los recursos explotados (García, 2007). No se habla de cooperativismo, sino de asociacionismo. Un ejemplo de este actúa, lo vemos en las propuestas de actuación conjunta entre productores citrícolas para el combate de enfermedades graves, como el Huanglongbing.

Nosotros hemos acuñado el concepto de “protección de agroecosistemas”, que aquí presentamos y que considera todas las decisiones racionalizadas y traducidas en acciones (y no acciones) de carácter económico, legal, social y tecnológico, orientadas a mantener y mejorar el funcionamiento de las unidades productivas del campo, especialmente en sus aspectos sanitarios. En este enfoque se procura el menor deterioro posible de los recursos naturales, teniendo como primer beneficiario al productor y consecuentemente al resto de los sectores de la sociedad involucrados. Estas decisiones requieren de la participación activa e incluyente de los diferentes sectores involucrados en la producción, distribución, transporte, comercialización y consumo de los productos. En este sentido el agricultor juega un rol importante pues es quien decide de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades sociales y económicas como manejar el agroecosistema. En algunos casos se ve atraído por empresas que le llevan atractivas ofertas a cambio de implementar el manejo que la empresa decide caso caña de azúcar y producción de papas. En otros casos el propio productor decide sobre el manejo de sus problemas fitosanitarios, sin embargo, suele ser movido por sus necesidades económicas que a su vez son influenciadas por las exigencias del mercado que suelen exigir productos con buena apariencia.

De acuerdo a Altieri (1999) el desarrollo (rural) es un proceso coevolucionista entre el sistema social y el sistema ambiental. Considera el sistema social integrado por sistemas de conocimientos, valores tecnológicos y organizacionales que interactúan entre sí ejerciendo una presión selectiva en la evolución de los otros. Mediante la presión selectiva sobre cada uno, todos coevolucionan en conjunto. Por ejemplo, dentro del sistema de conocimiento se llevan a cabo innovaciones deliberadas, hallazgos fortuitos y casi nunca se realizan experimentos. El hecho de que estos nuevos aportes de conocimiento comprueben que son aptos y sean conservados o no, depende de las influencias selectivas de los valores, la organización, la tecnología y el medio ambiente. De esta manera todo se conecta, aunque todo está cambiando constantemente. La sustentabilidad se define a partir de los atributos generales de los agroecosistemas: 1) Productividad 2) Estabilidad, confiablidad y resilencia; 3) adaptabilidad; 4) equidad y 5) autodependencia. Se definen puntos críticos y fortalezas y debilidades para la sustentabilidad del sistema de manejo, relacionado con tres áreas de evaluación: ambiental, social y económica (Masera et al., 2000).

Existen casos donde el MIP ha generado unas serie de acciones y eventos que han llevado al mejoramiento del agroecosistema en diferentes formas, sea en su parte natural, económica, política o tecnológica. Sin embargo, creemos que el MIP, en sí mismo, no genera desarrollo. Deben de estar dadas las condiciones sociales y ecnómicas para que la parte tecnológica del manejode plagas pueda surgir como el factor limitante a destrabar. A continuación se señalan algunos casos donde el MIP ha influido positivamente para la mejora de los agroecosistemas:

 

Este cultivo milenario de origen mexicano es muy aceptado por su sabor. Desde la época colonial fue introducido a otros países americanos y a Europa. En 1911, la primera agroindustria de aguacate logra exportar aguacate variedad Fuerte al estado de California, EUA, sin embargo, debido a la presencia de algunas especies no conocidas en California, se establece una cuarentena al producto mexicano en 1914. Lo anterior motivo la expansión del cultivo y mejora continua del sistema de producción. Con la adopción de técnicas de propagación, la variedad Fuerte se establece en las primeras huertas en México. En la década de 1950 el Ingeniero Salvador Sánchez Colín introduce variedades y selecciona materiales locales en Ixtapa de la Sal, Edo. de México. Con todo esto se da un fuerte impulso a la producción de aguacate en México y los agricultores trabajan de manera organizada. En 1970 se crea la Comisión Nacional de Fruticultura que impulsa el establecimiento de huertos de aguacate en toda la República; a mediados de la década de 1970 la superficie y la producción creció y los productores se vieron obligados a buscar nuevos mercados, instando al Gobierno Mexicano a revisar la situación de la cuarentena en el mercado estadounidense. En la década de 1980 la superficie se incrementa a 99,530 ha y la producción a 766,404 ton. Los productores mexicanos de aguacate inician la venta del fruto a algunos países europeos. También es creado el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México (CICTAMEX) (Sánchez-Colin et al., 1998). El paso que dieron los productores y empacadores exportadores para entrar a un mercado existente y mejorar sus condiciones e ingresos, fue promovida en primera instancia por la necesidad de cumplir con las exigencias fitosanitarias que impone el mercado destino, lo cual no se habría logrado sin el trabajo en equipo, tanto de productores y empacadores exportadores, como de autoridades gubernamentales. Las medidas de protección de los agroecosistemas aguacateros se dieron bajo la investigación científica de la biología y daños de las especies presentes en el aguacatero en las distintas regiones del país, la implementación de campañas fitosanitarias, declaratorias de zonas libres de plagas, así como de todas las acciones derivadas. Con la liberación de la cuarentena, el cultivo de aguacate permitió un mayor desarrollo en laszonas productoras, principalmente de Michoacán y el Estado de México.

 

La papaya fue hasta la década de 1990, un cultivo de importancia local en México, pero de escasa trascendencia nacional, debido a que existía poca tecnificación para su producción, llegando a ser en algunos casos un cultivo de traspatio. Resalta que este era uno de los pocos cultivos que aportaban ingresos semanales a zonas deprimidas del trópico seco Veracruzano (Vargas, 1996). La llegada de la variedad Maradol fue una propuesta de las áreas de investigación y comerciales, cuyas características organolépticas, de anaquel y de productividad respondían a las exigencias de un mercado creciente, que hicieron el cultivo más rentable, pero exigía un aumento en el uso de insumos (Mirafuentes y Azpeitia, 2008). Con el crecimiento de la superficie sembrada, se presentó la problemática típica de los monocutivos, incrementando el impacto de las plagas. El virus de la mancha anular del papayo (papaya ring spot virus o PRSV-p) se convirtió en la plaga de mayor importancia (Guillén, 2000). Los esfuerzos de la investigación se centraron en gran medida en el manejo de este virus y en la trasferencia de esta tecnología, como los trabajos llevados a cabo por el Grupo Interdisciplinario del Papayo (GIP, 1994, 1995, 1996). Los diferentes  resultados obtenidos por el GIP implementando el manejo del papayo, lograron avances que se reflejaron en un incremento del rendimiento del 50% (Villanueva, 2007). De manera simultánea, los productores fueron adaptando tecnologías productivas, como es el caso del uso del riego por goteo con el uso de fertilización continua de micro y macro nutrientes, así como de nutrientes de origen orgánico. La situación socio-económica de la zona fue cambiando. En el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, Gallardo-López et al. (2002) el cultivo del papayo se convirtió en una actividad agrícola relevante, influenciada por la superficie y los recursos de que dispone el productor de forma individual. Poco a poco se convirtió en una actividad empresarial, alejado ya de los objetivos de autoconsumo. Sin embargo, la generación de capital social a partir del papayo a nivel regional y nacional ha sido escasa. La problemática fitosanitaria ha podido resolverse desde la perspectiva de mercado, con participación de compañías que venden el germoplasma que promueven paquetes tecnológicos sólidos, adaptando información generada en centros de investigación (INIFAP y el Colegio de Postgraduados, entre otros), así como información generada en parcelas por sus propios clientes. Participamos en el grupo de investigación Interdisciplinario que propuso y evaluó varias alternativas para disminuir las mermas causadas por el virus; resultando la opción de alta densidad de plantas por hectárea y el raleo de plantas enfermas como las tácticas mejor adoptada por los productores combinada con la selección de fechas de siembra y variedades con tallo morado. Este camino tiene varias ventajas y desventajas. En el pasado, cultivos como algodón han vivido este tipo de procesos, donde las iniciativas fitosanitarias impulsadas por compañías de agroquímicos y de germoplasma fueron tan caóticas, que no buscaban el orden, sino la venta a ultranza de sus productos. Lo anterior hizo que zonas productoras enteras tuvieran que ser abandonadas, tanto por problemas con resistencia de plagas, como por problemas de nuevas plagas y enfermedades imposibles de controlar, excesivos costos de producción por insumos fitosanitarios y comercialización individualizada. Esperamos que no se vuelva la historia del papayo, ya que aun tiene el reto de hacer sustentable el manejo de muchos de sus problemas fitosanitarios.

 

De igual manera, los cítricos presentan varias plagas insectiles y patogénicas de importancia cuarentenaria, como el caso de las moscas de la fruta. el virus de la tristeza de los cítricos (VTC) y hoy en día el Huanglongbing. En el caso particular de las moscas de la fruta (Anastrepha ludens, principalmente), se ha invertido una enorme cantidad de recursos en las campañas fitosanitarias y en investigación. Una de las posibles razones de esta gran inversión se ha debido a que ésta es una plaga de importancia cuarentenaria también para EUA, vecinos que presionan al Gobierno Mexicano a impedir que estas plagas se introduzcan en su territorio. Algunos estados como Sonora, han logrado pasar de zonas bajo control a zonas libres de moscas de la fruta, lo que ha facilitado la exportación de la fruta; sin embargo en otros casos esto no ha sido posible. Veamos el caso de Veracruz.

Los cítricos son de los cultivos más importantes por la superficie sembrada, su volumen de producción y los ingresos que generan; se encuentran en 22 estados de la República (SAGARPA). Veracruz es el principal productor de naranja (Citrus sinensis (L.) Osb.), tanto por la enorme superficie sembrada, como por las condiciones ambientales. A pesar de producir grandes volúmenes, estos deben quedarse en el mercado nacional y local, debido a que no se han podido establecer zonas libres de mosca de la fruta. Este reto se hace más difícil por la gran diversidad de especies de este género, así como de gran cantidad de hospederos alternos que existen en el estado. Sin embargo, creemos que todo ello podría salvarse si se tuvieran organizaciones de productores con vocación técnica consolidada, que promovieran una visión más empresarial o cooperativa en los productores (CONCITVER, 2009). La historia de la citricultura en Veracruz es larga, y con diversos intentos por asociar regionalmente a productores. La lima Persa (Citrus aurantifolia T.) producida en México ha logrado posicionarse en el mercado internacional. Esto ha sido gracias a que no es una planta hospedera de moscas de la fruta. Sin esta tranca fitosanitaria, la organización para la exportación ha sido relativamente más expedita. Actualmente empacadoras de la zona centro de estado de Veracruz llevan lima Persa de las zonas productoras de Cuitláhuac y Martínez de la Torre hacia EUA y Japón, y su cultivo poco a poco se extiende a estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, entre otros. También en el caso de limón Mexicano, Colima ha logrado una industria de gran dinámica transnacional en el Valle de Tecomán, aunque basada en pocos productores y empacadores exportadores (Merchand, 2005). Toda esta zona, ha sido reducida al 50% por la bacteria que ocasiona el HLB, aunque gracias a la acción de los investigadores y a la presencia de organizaciones técnicas lideradas por productores interesados, se ha mantenido el cultivo con rentabilidad hasta el día de hoy.

La zona citrícola de Nuevo León es un caso donde los productores, han alcanzado el nivel de organización necesaria para vencer retos. Han logrado el estatus fitosanitario de estado libre de moscas de la fruta, se reconoce como una zona de éxito en la reconversión del patrón agrio anteriormente presente en la mayoría de las huertas, a patrones tolerantes a virus de la tristeza de los cítricos (CTV). Además, establecieron una serie de variedades de naranja, cuyas características satisfacen la demanda del mercado internacional. Y el HLB aun no es un problema grave. Así, es notable que el éxito en la citricultura se ha presentado en aquellas regiones donde se han consolidado organizaciones en torno a actividades fitosanitarias.

Actualmente México está viviendo la amenaza del Huanglongbing, una bacteria (Candidatus liberobacter sp. Jagoueix) que ha sido localizada en cítricos de traspatio en la península de Yucatán. Su vector, el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri Kuwayama) entró al país desde 2005 y ya se encuentra distribuido en todas las zonas citrícolas y en rutáceas de traspatio del país. El riesgo potencial es altísimo, por lo que se teme que afecte la citricultura nacional de forma pandémica. La posible e inminente entrada de las plagas de importancia cuarentenaria, representa una seria amenaza para la citricultura mexicana. Afrontar esta amenaza desencadenará gran actividad fitosanitaria que requerirá del trabajo conjunto de productores y del gobierno en todos sus niveles. Esta amenaza puede ser una gran oportunidad de fomentar el capital social al formar y/o fortalecer organizaciones de productores en aquellas regiones donde no se han consolidado. Los grandes retos que debe afrontar la citricultura nacional son, de acuerdo a Almaguer (2009), producir con un mayor enfoque a las necesidades del mercado, inocuidad con residuos de plaguicidas tendientes a cero, diferenciación de la agricultura orgánica, criterios éticos de producción, certificación y trazabilidad, más calidad a menor precio.

Además, debemos promover una alimentación consciente y responsable, que involucra o motiva al consumidor a conocer la cadena productiva de alimentos, fibras y otros servicios y a ser socialmente sensibles a los derechos de los trabajadores agrícolas dados los beneficios de una agricultura sana.

 

Tanto el MIP como el MAP, contribuyen al desarrollo porque buscan el manejo de las especies plaga y no su eliminación. Priorizan el control natural y adaptan el uso sistematizado de diferentes tácticas de control. Lo anterior conlleva a minimizar el uso de plaguicidas de origen sintético y a mejorar la calidad de los productos. Otro punto de convergencia es la conservación de recursos naturales sin dejar de tomar en cuenta los aspectos socio-económicos que rodean al agroecosistema.

En este contexto la implementación de medidas para el manejo de plagas en algunos cultivos, ha sido el detonante del desarrollo en dichos agroecosistemas; sin embargo, esto se potencializa  cuando entran en acción todos los sectores del sistema productivo y se toma en cuenta necesidades y atributos; así, las medidas de manejo de la plaga van más allá, derivando en acciones a mayor escala. En este proceso es importante la organización de productores y la participación tanto de sectores del sistema productivo como la del gobierno en sus diferentes niveles.

De ahí la importancia actual de considerar todas las estrategias ecológicas para el manejo de las plagas con un enfoque de sistemas que considera a los agroecosistemas y a los ecosistemas urbanos en interacción donde los primeros generan servicios ambientales y energéticos para el funcionamiento de los sistemas urbanos por lo que deben recibir pago justo por ello de los sistemas urbanos. Promover la conciencia social y política para pasar a la toma de acciones que generen agroecosistemas sustentables involucrando a toda la sociedad.