Colombia - Debate por el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Desde el Congreso, los gremios y las ONG que analizan al sector agropecuario lanzaron fuertes críticas al articulado del Plan Nacional de Desarrollo.

Los reclamos se centran en los artículos 77, 101, 89 y 102.

Estos tratan acerca de posibles cambios al uso de los recursos parafiscales y la elección de los miembros de las juntas de estos, del uso del suelo (por parte de los alcaldes) y de las funciones del Invima, respectivamente.

Otra de las ‘perlas’ está en el artículo 97, donde se abre la ventana para que el proyecto de ley de las llamadas zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidres) logre su aprobación ‘en cuerpo ajeno’ en el Plan y no como proyecto de ley, pues este fracasó a su paso por la comisión V de la Cámara de Representantes.

Acerca de este último tema, el senador Alberto Castilla indicó que el Plan, “en vez de buscar la consolidación de la paz en los territorios, insiste en introducir este tipo de disposiciones que profundizan un modelo económico excluyente”.

Otro de los artículos que ha causado controversia es el 77, cuyo parágrafo indica que las contribuciones parafiscales podrán utilizarse para subsidiar el ahorro de quienes se vinculen al Servicio Social Complementario de los llamados Beneficios Económicos Periódicos (Beps) o para financiar incentivos puntuales.

Acerca de este tema, Carlos Maya, presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores, indicó que con los recusos de los fondos (que provienen de los mismos productores) se financian los trabajos en mejora de la producción, la productividad, asistencia técnica y el mercadeo.

“El Plan –como está redactado– deja las puertas abiertas para que esto no pueda cumplirse; usar los fondos parafiscales para otros propósitos daría un paso atrás con el progreso del sector”, concluyó el vocero de Asoporcicultores.

Al artículo 102 también le han llovido críticas, pues en este se le darían facultades al Ejecutivo para liquidar o modificar entidades del sector agropecuario, el sistema de crédito rural, las Umatas y al Invima.

También, podrá liquidar el llamado Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), que pone en marcha proyectos productivos, los ‘madura’ y luego los vende para que pasen a manos de los privados; esto, solucionando los inconvenientes que tienen estos últimos para iniciar sus proyectos.

Un analista consultado la calificó como “una iniciativa absurda, pues es una buena herramienta para el posconflicto”.

Ahora, la suerte que le espera al Plan Nacional de Desarrollo no será la mejor, pues, desde ya, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) trabajará en dos posibilidades. Una, persuadir al Congreso por la no aprobación, ya que el Ejecutivo busca con el Plan legislar, algo que no le corresponde; de no llegar a tener efecto, lo demandaría ante el Consejo de Estado.

En el tema particular de tierras, Jhenifer Mojica, miembro de la CCJ, indicó que “el Gobierno insiste en que el desarrollo rural solo debe quedar en manos de los agroindustriales, dejando por fuera a toda la población campesina, muchos víctimas del conflicto, que requieren la atención del Estado”.

La jurista subrayó la insistencia del Gobierno por mantener el subsidio integral de tierras que, a su juicio, es un fracaso, pues como está planteado, los recursos alcanzan solo para la compra de tierras de mala calidad y los campesinos deben diseñar sus proyectos.

 

Andrés Valencia, presidente del gremio de los avicultores, Fenavi, indicó que el artículo 89, que da potestad a los alcaldes para cambiar el uso del suelo, “resulta peligroso para nuestros intereses de protección de las granjas avícolas cercanas a los municipios”. Colombia producirá este año 12.000 millones de huevos y 1,4 millones de toneladas de carne de pollo.

Por su parte, Carlos Maya, presidente de la Asoporcicultores (ACP), indicó que “la iniciativa pone en riesgo a los productores y los deja a expensas de la subjetividad que arriesga el desarrollo de este sector de la economía agropecuaria.

Colombia producirá este año 300.000 toneladas de carne de cerdo.