La ley promulgada en 1973, que permitió una adecuada protección a los obtentores de semillas, hoy es anacrónica.

La Argentina ocupa el puesto 81er. entre 115 naciones evaluadas en el índice de respeto a los derechos de propiedad física e intelectual, y el puesto 105º entre 180 naciones evaluadas en el índice de percepción de la corrupción. Entre otros análisis, esto permite inferir que la calidad social e institucional de la Argentina es muy pobre.

Así, tratar el tema del bajo respeto a la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y el confuso escenario para la protección de invenciones biotecnológicas e intentar analizarlos como casos individuales y factibles de ser desarraigados de aquel marco, es una tarea abrumadora.

Cuando la actual ley que gobierna la propiedad intelectual de las variedades vegetales fue promulgada en 1973 se sembraban unas 300.000 hectáreas de soja y el rendimiento promedio era de 1440 kilogramos por hectárea; en la última campaña agrícola, esa superficie fue de 16.600.000 hectáreas, con rendimientos promedio de 2971 kilos.

Estos espectaculares incrementos de área y de productividad por unidad de superficie se debieron, fundamentalmente, al aporte del mejoramiento genético convencional y a la biotecnología, esta última desde 1996. El mejoramiento genético posibilitó la obtención y puesta a disposición de los productores de centenares de nuevas variedades vegetales comerciales que disponen de una sola forma de compensación por medio de los derechos de propiedad intelectual.

El problema es que aquella ley que permitió en su momento una adecuada protección a los obtentores, hoy es anacrónica por muchas causas. Una de ellas es que contiene una excepción al agricultor (autorización para hacer “uso propio” de la semilla) que es de tanto alcance como el propio derecho del obtentor, lo cual no tiene la menor lógica jurídica, ya que cabría entonces preguntarse cuál sería el objetivo de la propiedad intelectual.

Para ponerlo en otros términos, la excepción al agricultor no está en discusión; lo que se debe discernir es el alcance de esta excepción.

El fitomejorador

Otro elemento anacrónico es la excepción al fitomejorador (autorización para usar una variedad protegida con el fin de obtener otras variedades) que no tiene en cuenta las posibilidades biotecnológicas. Asimismo, la legislación actual no contempla en absoluto el escenario de las variedades transgénicas que pueden contener elementos genéticos protegidos por otros derechos de propiedad.

La coexistencia de estos derechos de propiedad, que hoy es un hecho, no dispone de un tratamiento legal que permita trabajar con tranquilidad. Paralelamente, existen obtenciones vegetales que no son cubiertas por ningún cuerpo legal existente. Nuestra legislación en propiedad intelectual de plantas en general, no responde al artículo 17 de la Constitución Nacional ni a los tratados internacionales en la materia que tienen orden superior que las leyes nacionales. La Argentina está en falta.

Dos frases se han reiterado en incontables oportunidades y por diversos actores durante el conflicto de 2008: “Existe una gran oportunidad” y “hay que hacer las cosas bien”. Pero, el voluntarismo solo no alcanza; por el contrario, a menudo es peligroso.

Intentar resolver estos complejos problemas suponiendo que el esfuerzo de la voluntad es superior a la inteligencia o al entendimiento, nos puede conducir a caer en aquella definición de Nicolás de Maquiavelo que decía que los ignorantes absolutos son aquellos que no saben pero creen que saben.

El verdadero sistema de propiedad intelectual resulta de un intercambio y un equilibrio entre la sociedad y el que creó algo mediante su inteligencia, de manera tal que ambos se beneficien. Pero, como se expresó al inicio, la pauperización social e institucional de la Argentina es tan grande que este instrumento legal no es reconocido ni respetado.

Nos falta capital social, como norma que hace que exista reciprocidad entre las partes, sustentada en el valor colectivo de las redes sociales mediante comportamientos cooperativos mutuamente beneficiosos.

El grado de respeto que una sociedad exhibe por el derecho de propiedad intelectual es un indicador de incremento de capital social, ya que se estructura sobre valores como reconocimiento al talento, la investigación y la creatividad, el esfuerzo, la tolerancia, sistema de premios y castigos, orden productivo y división del trabajo.

El mejoramiento genético vegetal y la biotecnología son áreas de excelencia en la Argentina, tanto en el ámbito público como privado. Lo que se necesita es un marco legal acorde para proteger las obtenciones vegetales, las invenciones biotecnológicas y su coexistencia.

No se trata de “capturar valor” en un juego de suma cero en donde unos ganan lo que los otros pierden; se trata de “compartir valor”.



Publicado en la sección ESPECIALES del Diario LA NACION en su website.